El Gremi de Transports i Logística de Catalunya ha reclamado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, una "reflexión" para evitar la precarización del sector ante la difusión entre los países de la Unión Europea (UE) de la conocida como ley Macron. Se trata de una normativa que regula el salario mínimo que un transportista debe percibir si se desplaza a Francia desde cualquier país de la UE y afecta a todas las empresas de transporte que se encuentren dentro de la unión económica que realicen transporte internacional con Francia, tanto en origen como en destino.
La entidad, adscrita a la patronal egarense Cecot, exige que España sea un espacio libre de intrusismo, y para ello, reclama al Gobierno español una Ley que impida que transportistas de otros estados miembros operen en el Estado español con salarios bajo convenio y que se adopten medidas homólogas a las adoptadas por diferentes países europeos.
Según recordó ayer el citado gremio en un comunicado, esta problemática surge a raíz de la aparición de la ley Macron, en Francia, que ha "originado un efecto dominó que se ha extendido a otros países de Europa", explicó este gremio en un comunicado. Esta Ley regula el salario mínimo que un transportista debe percibir si se desplaza a Francia desde cualquier país de la Unión Europea y afecta a todas las empresas de transporte que se encuentren dentro de la Unión Europa, incluido el Estado español, que realicen transporte internacional con Francia, tanto con origen como destino.
Los transportistas autónomos, sin embargo, no se ven afectados por la implantación de esta Ley y tan sólo tienen que demostrar su condición de autónomos ante los agentes de control. Para evitar la competencia desleal entre las empresas de transporte, Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria, la República Checa y Bélgica son algunos de los países que han copiado el modelo de la Ley Macron, surgiendo de este modo diferentes normativas que crean nuevas obligaciones legales y documentación a gestionar en cada uno de estos países. Por lo tanto, según el país de la Unión Europea (UE) por el que se circule, se deberán adoptar unos requisitos legales u otros dependiendo de la normativa vigente del país en cuestión.
Representante legal
En algunos casos, además será necesario disponer de un representante legal en el país por el que se desplace. Todo apunta que cada vez serán más los países que adopten este nuevo modelo. Por este motivo se ha manifestado al ministro José Luis Ábalos las inquietudes del sector al respecto, que considera que la entrada en vigor de estas normativas obliga a hacer una reflexión para el transporte nacional y a emplazar al Gobierno central a crear las condiciones para que los derechos de las empresas de transporte estatales sean mejor respetados y evitar de este modo que el transporte de mercancías en el Estado Español no se precarice por la competencia desleal de los operadores de transporte con políticas salariales por debajo de los salarios mínimos establecidos. Una medida de este tipo también reduciría el impacto de las conocidas coloquialmente como "empresas buzón", aquellas compañías extranjeras que trasladan al Estado Español a sus trabajadores pagando menos cotizaciones e impuestos.
El Gremi de Transports i Logística de Catalunya, integrado en la patronal terrassense Cecot, cuenta actualmente con más de 250 asociados. Según el citado comunicado de prensa, la entidad tiene entre sus objetivos principales representar y defender los intereses de las empresas de transporte y ofrece diferentes servicios a sus asociados. Otro de fines que persigue esta entidad gremial es potenciar el asociacionismo en este sector profesional, favoreciendo el intercambio y la comunicación entre las empresas que operan en Catalunya
