La patronal terrassense Cecot ha propuesto a la nueva ministra de Empleo, Magdalena Valerio, cambiar el actual sistema de Formación Profesional (FP) para el empleo de la mano de los agentes económicos. Cecot ha puesto en conocimiento de Valerio la obligación y el compromiso de su antecesora en el cargo, Fátima Báñez, en reprogramar los 1.500 millones de los fondos de formación aportados por empresas y trabajadores pendientes del 2015, así como los remanentes de los años 2016 y 2017, que pueden llegar a superar los 2.000 millones.
El presidente de la Cecot, Antoni Abad, afirmó que “los agentes sociales dimos un voto de confianza al Gobierno para revertir los efectos de una gestión incorrecta de los fondos de formación y tenemos la esperanza de que este año, teniendo en cuenta el cambio de ejecutivo, se reprogramará parte del saldo pendiente de ejecución de estos fondos”. No obstante, el presidente de la patronal considera que si el Gobierno no hace un gesto para cambiar el modelo de la formación continua, la Cecot mantendrá su propuesta para que empresas y trabajadores dejen de pagar el 0,7% a los fondos de formación y sugerirá crear un organismo bilateral con los sindicatos. A la vista de la Cecot, pero también de otras muchas organizaciones empresariales y sindicales, la nueva Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, aprobada por el Gobierno en septiembre de 2015, fue un “fracaso”.
Reduciendo aportaciones
Pese a la necesidad de formar a la población activa y cualificarla a partir de los cambios tecnológicos, el Ministerio de Empleo ha ido reduciendo cuotas de los fondos de formación sin especificar los remanentes en cada ejercicio. “Es necesario cambiar la Ley y que los agentes sociales recuperemos un papel activo en la definición de un nuevo modelo que sí se corresponda con la realidad y las necesidades de nuestra actividad económica y empresarial”, añadió Abad. “Si la Administración no garantiza el uso de los fondos que generamos empresas y trabajadores, si no permite que los representantes de los que generan ese fondo para formación participen de la planificación, control, seguimiento y evolución, al final tendremos que plantear la eliminación de las cuotas”, insinúa el presidente de Cecot.
Dos años han transcurrido desde que la patronal Cecot puso en conocimiento del Síndic de Greuges de Catalunya, a través de una queja formal en nombre de sus asociados, el desequilibrio entre los fondos aportados por empresas y trabajadores para la formación (un 0,7% sobre la base de cotización) y el destino y reversión de éstos teniendo en cuenta el carácter finalista de los mismos, que no es otro que el de la formación profesionalizadora. La patronal egarense realizó una petición para conocer dónde y cómo se aplicaban los fondos para la formación.
Cecot estimó que en los últimos cuatro años (2012-2015) el Gobierno destinó más de 4.000 millones de euros de estos fondos para cubrir otros gastos, entre ellos, el pago de prestaciones, ajenos a la cuota de formación. Para exponer un dato concreto: en 2013, de los 1.860 millones de euros que el Gobierno recaudó a través de la cuota de formación profesional, 1.059 millones fueron destinados a otras finalidades diferentes de la formación de los trabajadores ocupados. Los sindicatos consideran este agravio como una deuda histórica con los trabajadores, desde 1994, y la calculan en unos 5.000 millones.
El Síndic, Rafael Ribó, derivó el expediente a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por considerar que el ámbito de la queja realizada por la Cecot era estatal. Y la Defensora del Pueblo aprobó el recurso e inició el trámite informativo con el Servicio Público de Empleo Estatal para dar respuesta a la demanda de información de la Cecot. La sospecha de los representantes empresariales y sindicales, se vio reconocida por el propio Ministerio de Empleo en 2016.
