En Catalunya la inversión del Estado descendió el 23% en 2017, según datos de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), que califica de "drama" la situación, por lo que emplaza al Gobierno a cambiar su política inversora. El presidente de la entidad, Joaquim Llansó, cifró en 66 millones de euros la caída de la inversión estatal, por lo que quedó en 218 millones de euros, incluyendo organismos como Aena, Adif, Renfe o Correos. La licitación pública se mantuvo muy por debajo de las necesidades reales de la economía catalana, apuntan desde la CCOC, que la elevan al 2,2% del PIB estatal, unos 5.000 millones de euros.
En rueda de prensa, Llansó destacó que este resultado no sólo es muy inferior a la media de los últimos diez años, sino a las expectativas que hace un año generó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar una inversión de 4.200 millones de euros en infraestructuras en Catalunya hasta 2020.
"Lo que no puede hacer un Estado es estar en Catalunya con doscientos o trescientos millones de euros al año. Existe un tema clarísimo de falta de inversión, hace años que el Estado no está invirtiendo en Catalunya", denuncio Llansó. Las previsiones apuntan a que en 2018 permanecerá la incertidumbre en el sector público debido a la falta de presupuestos estatales y de gobierno en Catalunya. "No sabemos qué pasará en Madrid y en Catalunya y nosotros lo que necesitamos es estabilidad política, jurídica y económica", remarcó Llansó.
Empuje de la inversión privada
El empuje de la inversión privada contrarrestó la caída, ya que el sector de la construcción avanzó un 5,3% en Catalunya el año pasado. La inversión privada aumentó el 9% en metros cuadrados de edificación encargados. Por su parte, la inversión pública sumó el pasado año 1.690 millones de euros, un 49,4% más, por la mejora de las licitaciones de las administraciones locales, que crecieron más de un 90%, hasta los 1.046 millones, y de la Generalitat, que se incrementaron un 43%, con 426 millones, hasta representar una cuarta parte del total.
Llansó insistió en que el dato más relevante es que a pesar de que el sector en su conjunto ha crecido un 5,3% respecto al año anterior, presenta valores notablemente inferiores a la media histórica de los últimos 20 años, y en cuanto a la licitación pública, esta es muy lejos del 2,2% del PIB catalán que necesita el país, lo que no permite hablar aunque "estamos en un proceso de recuperación de la actividad, sino que los efectos de la crisis todavía están muy presentes"
En 2008 existían en Catalunya 47.869 empresas de construcción de edificios, ingeniería civil y actividades de construcción con uno o más trabajadores dadas de alta en el Directorio Central de Empresas (DIRCE). Sólo nueve años más tarde había 22.621. Es decir, en este periodo se han perdido 25.248 empresas de uno o más trabajadores, el 53% de las existentes en 2008. La grave situación del sector de la construcción provocada por la falta de proyectos, la extrema competencia en precios entre las empresas y las dificultades financieras, vertió al cierre de numerosas empresas. Después de años de angustias e incertidumbres, en 2017 se ha empezado a revertir esta tendencia, cerrándose el ejercicio con un total de 22.621 empresas. La estructura empresarial pone de relieve un mercado muy atomizado en el que el 96% en las empresas con menos de 10 asalariados.
Otro indicador adelantado de actividad, y que tendrá continuidad en 2018, es el crecimiento del número de viviendas iniciadas, que se ha incrementado en 2017 en 1.695 (+ 11,4%) respecto al año anterior, con un total de 16.579. La obra nueva ha aumentado en 1.906 viviendas iniciadas (+ 24,2%), mientras que la reforma y ampliación se ha reducido 211 (-3%). Nuevamente, si se compara con la actividad existente antes del inicio de la crisis, representa sólo el 19% respecto a 2007. Durante 2017 se experimentó un descenso del 15% en el número de empresas concurrentes a las ofertas del sector público; se explica por el aumento de la obra privada y la licitación pública (49%), especialmente en el ámbito de las administraciones locales (90%).
