El operador postal Unipost, en concurso de acreedores, ha presentado hoy un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afecta a 2.200 trabajadores, la totalidad de su plantilla en España, tras no poder rehacerse de la grave situación económica en la que se encuentra.
La dirección de Unipost ha presentado hoy mismo la solicitud de despido colectivo ante el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, según ha informado el bufete de abogados Jausas, que ejerce de administrador concursal.
En un comunicado, el administrador concursal asegura que su objetivo es buscar un comprador para la unidad productiva, que podría ser tanto otra compañía del sector como un fondo de inversión, lo que permitiría mantener el puesto de trabajo de parte de la plantilla, que está repartida por todo el territorio español.
Unipost, que es propiedad de una rama de la familia Raventós y tiene su sede central en Barcelona, presentó el pasado 12 de julio concurso voluntario de acreedores en un juzgado de la capital catalana, con una deuda de 47,4 millones de euros y unos activos de 40,6 millones.
La Administradora Concursal Laia Folguera se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de encontrar un comprador, ya que “en este momento hay varios operadores interesados en la adquisición de la empresa”.
Los sindicatos temían que la empresa presentara un ERE para una parte de la plantilla, pero en ningún caso esperaban que los despidos pudieran afectar a todos los trabajadores, según han apuntado fuentes sindicales.
De hecho, Unipost, el principal operador privado del país, mantenía negociaciones con los representantes de los trabajadores para aprobar un plan de viabilidad que permitiera redimensionar la plantilla a las actuales necesidades del negocio.
Unipost, fundada en 2001 por la integración de la catalana Suresa, la valenciana Flecha y la aragonesa Urbandisa, ha presentado diversos expedientes de regulación en los últimos años para ajustar su plantilla y, a principios de 2016, logró un acuerdo con la banca para refinanciar su deuda.
La compañía, con unos ingresos superiores a los 110 millones de euros, según los últimos datos que recoge su “web”, gestiona 600 millones de envíos al año para más de 15.000 clientes de todos los sectores y también realiza envíos a más de 200 países gracias a su asociación con DHL Global Mail, el principal operador de correo a nivel mundial.
En los últimos años, a la empresa que preside Anton Raventós se la ha vinculado con el proceso independentista.
El pasado septiembre, la Guardia Civil se incautó de abundante documentación relacionada con el censo del referéndum del 1 de octubre (1-0), suspendido por el Tribunal Constitucional, durante el registro de varias oficinas de Unipost en Cataluña.
El grupo de mensajería alegó que en ningún caso conoce el contenido de los escritos y documentos que gestiona para sus clientes, pero el juez sopesa que se desprenden “claros indicios” de la posible participación de los responsables de Unipost en el delito de malversación de caudales públicos por la organización del 1-O.
En el año 2014, coincidiendo con la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre (9-N), Unipost también fue requerida por la Fiscalía para que informara sobre su contrato con la Generalitat para el servicio de buzoneo de la propaganda del proceso participativo.
