El Gobierno aprobó ayer la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 10.192 millones de euros para el pago de las pensiones, según explicó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Este préstamo venía contemplado en la disposición adicional novena de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se concede sin devengar intereses y con un plazo máximo de cancelación de 10 años a partir de 2018. Báñez recordó que la concesión de créditos a la Seguridad Social para garantizar el equilibrio presupuestario no es una novedad, ya que las leyes presupuestarias entre 1994-1999 ya incluían cláusulas similares.
La Tesorería General de la Seguridad Social afronta en estas fechas un gran desembolso: la nómina de las pensiones, la paga extra de verano y el IRPF de las pensiones sujetas a este impuesto, obligaciones que, según Empleo, en esta ocasión alcanzan los 17.218 millones de euros. Para satisfacerlas, la Seguridad Social dispondrá de 9.500 millones de recursos adicionales, de los que 5.986 millones proceden del préstamo del Estado y 3.514 millones del vencimiento de activos y de cupones del Fondo de Reserva.
Con esta disposición que se hará de la “hucha” el valor del Fondo de Reserva a precio total de adquisición será de 11.602,16 millones de euros, el 1,04% del PIB del 2016, mientras que el valor de mercado estimado alcanza los 11.677 millones de euros, el 1,05% del PIB.
El resto de recursos para abonar las dos pagas y el resto de obligaciones procederá de la recaudación propia del sistema. El Departamento de Fátima Báñez ha explicado que la utilización de parte del préstamo del Estado tiene como fin mantener las reservas del Fondo sin tener que desinvertir activos, con la penalización que ello conllevaría.
Empleo insistió en que los recursos que éste aportará corresponden al vencimiento natural de activos y cupones durante el primer semestre del año.