La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de que forma parte la patronal catalana Pimec ha conseguido, en el marco de su IV Cumbre Político-Empresarial celebrada en Madrid, un gran pacto con los partidos y grupos del arco parlamentario para poner en marcha el régimen sancionador.
Josep González, presidente de Pimec, que estuvo presente en esta cumbre, celebró el compromiso alcanzado, aunque exigió que "no se hagan trampas en el redactado", ya que el régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de sesenta días establecidos por la Ley de lucha contra la morosidad.
Esta patronal, según asegura en un comunicado de prensa difundida ayer, siempre ha defendido que con las sanciones se evitarían muchos malos hábitos de pago que existen actualmente, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago muy extensos. La cumbre, que se celebró el pasado sábado, contó con la participación de los presidentes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera, además de más de una decena de portavoces económicos de los grupos parlamentarios. Todos coincidieron en que es necesario un consenso unánime para instaurar un régimen sancionador con el que empezar a multar a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por la Ley. Se trata de una propuesta económica que todos los grupos ya incluyeron en sus programas electorales y que se erige como una de las reivindicaciones clave de Pimec y la PMcM.
Un escenario perfecto
Antoni Cañete, presidente de la PMcM y secretario general de Pimec, celebró el éxito de la cumbre, señalando que "ha sido un escenario perfecto para el debate y los compromisos con la sociedad civil", después que el Congreso de los Diputados aprobase, con el voto favorable del 99% de la cámara una Proposición No de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad.
El texto también contemplaba que la nueva Ley de Contratos del Sector Público exija en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada que demuestre que paguen a las empresas subcontratadas de acuerdo con la Ley (máximo sesenta días).
Precisamente esta Ley, que se está tramitando actualmente, fue un tema clave en la cumbre del pasado fin de semana, donde se llego al compromiso de que no exista acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor, tal como solicitó Pimec, la PMcM y la CEAC en sus enmiendas.
