El sistema de pensiones públicas en el Estado español es uno de los mejores y más eficientes de Europa y no presenta problemas estructurales, aunque hay que aumentar los ingresos para garantizar su calidad y sostenibilidad actual y a futuro. Así de contundente se mostró Juan Alamillo, miembro de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, en una conferencia celebrada en la sede local de este sindicato, y en la que estuvo acompañado por Enrique Rodríguez Ruiz, secretario general en el Vallès Occidental y la Catalunya Central. "El sistema es viable si se aumentan los ingresos", aseguró Rodríguez, y en esto recordó, por ejemplo, que la Seguridad Social es el único organismo del Estado que paga a sus trabajadores de su propia caja, y mencionó, por otro lado, la opción de que las pensiones de orfandad y viudedad se pasen a pagar "sin cambiar su régimen jurídico desde los Presupuestos Generales del Estado".
El caso es que hay que actuar y hay que hacerlo pronto. Los pocos más de quince mil millones de euros que quedan en la "hucha" de las pensiones, que el Gobierno del PP ha ido reduciendo drásticamente en los últimos años, sólo da para pagar la paga extra de verano y media de la de Navidad, si no se toman medidas (las pagas ordinarias se abonan de los ingresos de la propia SS). Por tanto, urgen actuaciones rápidas. Ahora, el gobierno del PP ha abierto el Pacto de Toledo. Rodríguez recordó que de esa negociación sólo saldrá de positivo "aquello que con la negociación, la presión o la movilización podamos conseguir". Para Rodríguez, hay margen para aumentar los ingresos. En este sentido, apuntó que países como Italia o Francia destinan el quince por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a las pensiones, mientras que en España está en el 11,12%.
Las bases de cotización
CCOO, y la Federació de Jubilats, proponen aumentar los ingresos con una serie de medidas, como el incremento de bases máximas de cotización; el alza de la base mínima de cotización como consecuencia del incremento paulatino del SMI hasta el 60% de la media salarial; y la equiparación de bases medias de cotización de Régimen de Autónomos y Régimen General. También la asunción por parte del Estado de gastos de administración de la Seguridad Social; conversión de tarifas planas y reducciones de cuotas en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo; e ingresos procedentes de la imposición general, en la cuantía que se considere necesaria en cada momento, como la financiación con impuestos de las prestaciones de supervivencia. Estos supondrían, unos ingresos adicionales de 70.952 millones al año (con un impacto del 6,3 % en el PIB)
Alamillo, por su parte, hizo una defensa a ultranza del sistema de pensiones vigente en España realizando una comparación con otros países europeos. Según las cifras que aportó, el periodo de calculo de la pensiones españolas es de 25 años, mientras que en Austria son 40 años; Bélgica, 45; Dinamarca, 40; Reino Unido, 30, e Italia, toda la vida laboral, al igual que en Grecia, y en Francia, 40 años, entre otros ejemplos. Además, España posee la mejor tasa de reemplazo (diferencia entre el último sueldo y la pensión), que se sitúa en el 80%. Según Alamillo, uno de los objetivos del Gobierno del PP es reducir esta tasa, que en Bruselas se califica de muy "beneficiosa".
El problema, en cualquier caso, son los ingresos. "En los últimos treinta años, la esperanza de vida en España ha crecido seis años, mientras la capacidad productiva lo ha hecho un 70%. Por tanto, no es una cuestión de riqueza", aseguró Alamillo, sino de la calidad del trabajo, que se ha precarizado muchos en los años de crisis y, por tanto, las cotizaciones son mucho menores. "Si hay empleo y éste recupera el poder adquisitivo, con lo que también se incrementan las bases de cotización, el sistema no tiene problemas".
