El departamento de Treball, Afers Socials i Famílies, a través el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinado 62,1 millones de euros a la implementación de acciones de formación en sectores clave y en áreas prioritarias para la economía. El SOC ha apostado por la formación ajustada a las necesidades del mercado laboral con el objetivo de favorecer la reinserción de los parados, mediante la mejora de la ocupabilidad de las personas y de la calificación profesional.
Unas 27.800 personas se podrán beneficiar de las acciones formativas, que podrán empezar antes del viernes y finalizar, como máximo, el 30 de octubre de 2017. Además de la formación de oferta en áreas prioritarias, en esta nueva edición el SOC ha destinado 7,7 millones para actividades de formación en los ámbitos de hotelería y turismo en un acuerdo marco por el que se beneficiarán unas 2.340 personas.
La directora del SOC, Mercè Garau, destacó que “las subvenciones otorgadas a las entidades para la realización de las acciones de formación pretenden favorecer la productividad y la competitividad de las empresas de todo el territorio catalán”.
Garau puso de relieve que “para tratar de conseguir los objetivos, la oferta formativa está compuesta por las especialidades que se han considerado prioritarias en toda Catalunya”. Asimismo, añadido Garau, “la iniciativa formativa subvencionada por el SOC quiere incrementar el número de personas que tienen una calificación oficial a través de los certificados de profesionalidad”
El certificado de profesionalidad es un documento oficial que acredita a quien lo obtiene que es competente profesionalmente para desarrollar una actividad laboral de acuerdo con las exigencias de la producción y la ocupación. Es decir, que tiene los conocimientos y habilidades para desarrollarla de forma correcta y de acuerdo con las exigencias del mercado.
Jóvenes
Los colectivos prioritarios para participar en las acciones formativas son las que tienen especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo y/o en situación de vulnerabilidad social (personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, mayores de 45 años y parados de larga duración). También forman parte de los colectivos prioritarios las personas que no cobran prestación por desempleo o que no tengan derecho; personas con baja calificación profesional; jóvenes menores de 30 años y personas beneficiarias de los programas PREPARA, Activación para el Empleo y otros que comporten la obligación de participar en cursos de formación.
