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Moody’s cree que la banca acabará cobrando a las empresas por los depósitos

Los futuros requisitos internacionales de solvencia a los bancos, conocidos como Basilea III, podrían llevar en un futuro no muy lejano, un par de años, a que las entidades financieras cobren a las empresas por los depósitos, según pronostican los expertos de Moody’s.
Carlos Winzer, analista y vicepresidente de esta agencia de calificación, ha explicado a Efe que las exigencias regulatorias a los bancos “hace intuir” que algunos de esos costes suplementarios pasarán a los clientes, y entre otras cosas, los bancos terminarán por cobrar a las empresas por sus puntas de liquidez, o lo que es lo mismo, por sus depósitos.
Esto obligará a los tesoreros de las empresas a evaluar con cautela qué niveles de liquidez conviene mantener, y cuáles le resultarían excesivamente onerosos.
La cuestión de fondo, apunta María Cabanyes, también analista y vicepresidenta de la agencia estadounidense, es que las enormes exigencias de capital impuestas a las entidades para mitigar en el futuro posibles crisis, se pusieron en marcha para evitar que fueran los contribuyentes los que pagaran las consecuencias.
Ese es el espíritu de la ingente cantidad de regulación que dio lugar a Basilea II y, posteriormente, a Basilea III, cuyas exigencias deben aplicarse en 2019 y que, casi con total seguridad, tendrá efectos no deseados en los costes y los flujos de financiación a empresas.
Aunque toda esta catarata de normas y requisitos tiene un efecto claramente positivo para el mercado, indica Carlos Winzer, al asegurar la solvencia de los bancos, lo cierto es que tanto las entidades como las empresas tendrán que hacer esfuerzos de adaptación.
Los bancos verán cómo se elevan sus gastos financieros y dejarán de interesarse por según qué empresas, en tanto que las compañías se verán obligadas a repensar su estrategia y reducir el número de bancos con los que operan.
Aún no notan estas consecuencias, señala Winzer, que asegura que en dos o tres años sí serán visibles, ya que a las nuevas exigencias se sumarán previsiblemente otros elementos, como la subida de tipos de interés en la zona del euro, que tendrá que producirse tarde o temprano, o la reducción de las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), que no son eternas.
En noviembre está previsto que el Consejo de Estabilidad Financiera concrete cómo debe ser este enésimo colchón anticrisis incluido en Basilea III, denominado TLAC -acrónimo de “total loss absorbing capacity”- que, según calcula María Cabanyes, podría estar en torno al 18 % de los activos ponderados por riesgo, proporción a la que habría que añadir entre un 1 % y un 3 % si la entidad se considera sistémica.
Esto, apunta Cabanyes, supondrá para los bancos que sus objetivos de rentabilidad por capital serán menores que antes de la crisis, aunque llevan meses preparándose para cumplir con los nuevos requisitos, por ejemplo, adelantando emisiones de deuda.
Sólo en el caso del Banco Santander y el BBVA, los dos gigantes del sistema español, se espera la emisión de más de 20.000 millones de euros, unos 10.000 millones cada uno de ellos.
Y hay que tener en cuenta que entre los instrumentos que contabilizan para el cálculo del TLAC están el capital de máxima calidad, los bonos convertibles, las participaciones preferentes, la deuda subordinada y está por ver si también la deuda sénior, que tiene como única garantía la solvencia de la propia entidad.
Todo ello mientras hacen frente al reto de la rentabilidad, por lo que según Winzer se puede intuir que parte de este efecto repercutirá en los clientes; los costes de financiación se elevarán -para todos-, tanto los préstamos tradicionales como de otro tipo, como las coberturas de tipos de interés o “swaps”.
En el lado positivo, señala el analista, cabe esperar una mayor desintermediación bancaria y una diversificación de las fuentes de financiación, con mayor protagonismo de los mercados de capitales.
Otra consecuencia colateral será el mayor protagonismo que cobrarán las calificaciones otorgadas por las de bancos y empresas, que les facilitarán el acceso a los mercados de deuda y de capitales.

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