El Tribunal de Cuentas plantea con urgencia tratar en la Comisión del Pacto de Toledo la insuficiencia de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas y universales, que deberían provenir de la imposición general y no de las cotizaciones.
Así consta en el informe de fiscalización de la declaración sobre la cuenta General del Estado correspondiente a 2013 y que ha remitido el Tribunal de Cuentas a las Cortes para su tramitación.
El pleno del Tribunal de Cuentas ha adelantado la aprobación de esta declaración que habitualmente realiza en octubre o noviembre y en el que analiza la fiscalización de la cuenta general del Estado en su conjunto y la del sector público administrativo, empresarial y fundacional.
En el capítulo relativo al sistema de la Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas pide adaptar la financiación temporal del Estado a la Seguridad Social a la situación real de los gastos que deben ser financiados a través de este sistema, para impedir que “el actual desfase siga produciendo un incremento del déficit de la financiación afectada”.
Alerta de que a medio plazo esto puede dificultar la separación de fuentes en el sistema y a corto plazo, “generar tensiones de liquidez en el ámbito de la Seguridad Social”.
El Tribunal de Cuentas afirma que la financiación de estas prestaciones vía cotizaciones y no vía impositiva, contribuye a reducir el Fondo de Reserva.
En sus recomendaciones también pide exigir a la Administración General del Estado que aporte las previsiones presupuestarias y las transferencias correspondientes para pagar las prestaciones no contributivas.
En el mismo informe, requiere a la Tesorería General que, en el plazo de seis meses, disponga de un Inventario General de Bienes y Derechos de la Seguridad social completo y actualizado.
Insta a que mantengan permanentemente actualizados y adecuadamente valorados los inventarios de bienes inmuebles, así como a mejorar la contabilidad patrimonial, de los deudores y del remanente de tesorería.
“La consideración del remanente de tesorería como un recurso para la financiación de modificaciones de crédito exige que se cuantifique y diferencie con exactitud el remanente afectado y el no afectado”, dice la institución, que también critica que la Seguridad Social no haya realizado “de forma adecuada esta diferenciación”.
Por otra parte, en el documento de fiscalización se pide adoptar las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado y las cuentas individuales de las entidades integrantes se ajusten a la legislación aplicable y reflejen adecuadamente la actividad económico y financiera y rindan cuentas en el plazo establecido.
Según el Tribunal de Cuentas a través del informe que le ha remitido la Intervención General del Estado (IGAE), todas las entidades del sector público administrativo han cumplido con su obligación en 2013, aunque 52 entidades han presentado las cuentas fuera de plazo.
Las entidades que han cumplido con el plazo legal establecido en 2013 representan el 66,2 % frente al 80,8 % que cumplieron en el 2012.
Respecto al sector público fundacional, el porcentaje de fundaciones que incumplieron la obligación de rendir cuentas al Tribunal mejoró en 2013 y alcanzó el 2 % frente al 6 % del año anterior.
