La Associació Catalana d’Agències de Col·locació i Empreses de Recol·locació (Acacer), con sede en Terrassa, aplaude que la nueva Ley de Ordenación del Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) incluya en la intermediación laboral a las agencias de colocación debidamente autorizadas. Para esta entidad, lo más importante en temas de inserción "no es quien la realiza sino que efectivamente se lleve a cabo y se haga de una forma eficaz y eficiente". Según una nota difundida ayer, Acacer cree que en un tema "tan importante como éste, es bueno encontrar complicidades con todos los agentes que realicen alguna tarea y sumar para lograr el objetivo, que es reducir la tasa de desempleo".
La entidad es contraria a que, por ley, se limiten los colectivos con los que las agencias de colocación podrán trabajar. En el proyecto de Ley aprobado, se señala, sin embargo, que sólo "de forma adicional y para atender los colectivos con más dificultad, el SOC puede utilizar también a las agencias de colocación legalmente autorizadas". Precisamente, Àngel Buxó, presidente de Acacer, compareció en el Parlament en febrero para defender la "gran tarea de inserción que están realizando las agencias de colocación" y trasladó a la Comisión de Empresa y Empleo, entre otros aspectos, esta limitación con los colectivos a trabajar. Acacer quiere remarcar nuevamente que la colaboración con la Administración, no es una "privatización del servicio".
Según asegura Àngel Buxó, "nuestra voluntad es la de colaborar con la Administración, con beneficio para las personas que se encuentran en situación de desempleo". En este sentido, Acacer recuerda que representa a las agencias de colocación acreditadas en Catalunya y que entre sus socios hay servicios locales de empleo, así como entidades del tercer sector, asociaciones empresariales, gremios, centros de formación y consultorías.
Según Buxó, la lucha contra el paro es un "problema de todos y entre todos tenemos que hacer para que se resuelva". Desde la entidad se precisa que las agencias contribuyan al empleo, al incorporar los perfiles más adecuados con las posiciones que requiere el mercado laboral, conjuntamente con las empresas que son las que verdaderamente crean puestos de trabajo y riqueza. Aunque la creación jurídica de las Agencias es reciente, hace muchos años que realizan la intermediación en sus localidades, y cuentan con "factores importantes que pueden asegurar y mejorar los procesos de inserción, como el arraigo en el territorio, la proximidad y la confianza con las empresas de la zona, la proximidad con las personas desempleadas de su territorio y el conocimiento tanto económico como social de la zona".
Reordenar atribuciones
El pleno del Parlament aprobó el pasado viernes la Ley de SOC que tiene como finalidad reordenar las atribuciones de la Generalitat en materia de empleo, además de consolidar el SOC como organismo competente en la oferta e intermediación de puestos de trabajo. Asimismo pretende adaptar el sistema de empleo de acuerdo con las recomendaciones europeas, tomando como rasgos definitorios la concertación entre todos los actores y una gobernanza pública reforzada. La ley fue aprobada con los votos favorables de CiU y de ERC, los contrarios de PSC, ICV-EUiA y CUP y la abstención de PPC y C’s. En el texto, se apuesta por "un servicio público de calidad que asegure la coordinación y optimización de todos los recursos" en materia de empleo" y también se regula el funcionamiento del SOC.
La diputada de CiU Maritxell Borràs dijo que la ley ha llegado al Parlament "estando ya muy consensuada" con entidades diversas, y remarcó que garantiza un servicio público de empleo y el derecho a la "ocupabilidad", que no significa tener un puesto de trabajo, pero sí beneficiarse de servicios de orientación, intermediación y formación.
Según el diputado del PPC, Rafael Luna, su partido está a favor de la ley pero no le gusta cómo ha quedado redactada "con excesiva rapidez y con engaños", y lamentó que no se prevean las agencias privadas de colocación o de intermediación. Por su parte, Laura Massana, de ICV-EUiA, advirtió, por su parte, que "deja abierta la puerta a la privatización y a las agencias de empleo privadas".
