La patronal terrassense Cecot ha contribuido en la definición de los retos que plantea la contratación pública con las pymes en Catalunya, que la dirección general de la conselleria de Economia i Hisenda presentó recientemente en el Palau Robert de Barcelona. En el marco de esta jornada se dio a conocer “L’Informe de dades de contractació amb les Pimes”. Esa contribución se artículó a través de unas sugerencias que envió el asesor en contratación administrativa de la Cecot, José Luis Martínez, durante el periodo abierto para la organización de esta jornada y en el que figuraban comentarios y el posicionamiento de la organización empresarial ante la entrada en vigor de la ley 9/2017 (LCSP). “También, dice Cecot”, hemos detectado algunos frenos que se han trasladado a esta dirección general”, como la aplicación exageradamente rigurosa de la normativa por parte de la Administración o el desconocimiento y complejidad de la misma norma.
“La LCSP pone la base para conseguir un impulso efectivo de la participación de las pymes”, afirma Martínez, “ya sea como subcontratistas, ya sea como contratistas principales en los contratos del sector público, este hecho genera nuevas expectativas y oportunidades para la mayoría de empresas que conforman nuestro tejido productivo y que son las pymes”. En base a la experiencia diaria del área de asesoramiento en contratación administrativa, Martínez corroboró a la citada dirección general que la publicidad que se ha dado a la nueva ley ha provocado que muchas más pymes se interesaran por la contratación pública y que, como mínimo, pidieran información sobre qué es y qué posibilidades de negocio conlleva. También informó de un incremento de empresas que se han planteado seriamente participar en procesos de licitación y que hay casos de compañías que anteriormente han sido subcontratadas por otras en un contrato público y que ahora quieren contratar directamente con la Administración .
El registro electrónico
Finalmente, Martínez aseguró que hay más empresas que se han interesado por la contratación administrativa y que han tramitado el RELI (Registro Electrónico de Empresas de la Generalitat). No obstante, el asesor de Cecot destacó algunas problemáticas detectadas en la ejecución de procesos como la aplicación exageradamente rigurosa de la normativa por parte de la administración (“por ejemplo, una Administración no permitía más de un contrato por empresa y año, aunque se cumplieran con los límites de la normativa); el desconocimiento y complejidad de la regulación (la normativa “es poco o nada conocida por las empresas); que los organismos públicos desconocen total o parcialmente el sector con el que quieren contratar, lo que comporta que los “pliegos no se ajusten a la realidad estableciendo condiciones difíciles de cumplir o alejadas de la ejecución real del contrato”; y el mantenimiento de las condiciones de los contratos anteriores, que provoca que se continúen “comentiendo los mismos errores”.
