El Juzgado contencioso administrativo número 9 de Barcelona ha declarado nulos los acuerdos del histórico pleno del 1 de diciembre de 2016 en el que el Ayuntamiento extinguió la concesión por la que Mina gestionó el agua durante 75 años en la ciudad, le impuso prórroga forzosa y estableció las condiciones de la reversión de bienes, una vez finalizado el contrato.
El fallo cuestiona la titularidad municipal del servicio del agua al excluir “la tesis sostenida por la Administración de que el servicio de aguas en el Ayuntamiento de Terrassa estaba municipalizado”. También estima el recurso de Mina contra la modificaciones incorporadas en la segunda prórroga forzosa. Las considera “una imposición unilateral por parte del Ayuntamiento de un nuevo régimen jurídico, económico y de obligaciones”, distintas a las establecidas en el contrasto de 1941.
La sentencia no es firme. Cabe recurso de apelación, en el que los servicios jurídicos municipales trabajarán a partir de mañana mismo. El fallo, un duro varapalo para la defensa del Ayuntamiento de una gestión pública del agua, impone a la administración local 10 mil euros en costas
