El gobierno municipal llevará hoy a aprobación inicial el presupuestos municipal para el ejercicio 2018. El Ayuntamiento y sus siete empresas gestionarán este año 217,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,81 por ciento respecto a los recursos con los que contó en el ejercicio anterior. El montante incluye las inversiones, a las que se destinarán 13,3 millones de euros.
Alfredo Vega, alcalde de Terrassa, presentó ayer las cuentas municipales. un día antes de llevarlas a votación en pleno extraordinario. Lo hizo agradeciendo explícitamente el apoyo de los grupos municipales de TeC, ERC-MES y PDeCAT, que con su “abstención crítica” permitirán que el presupuesto, en este momento en prórroga técnica, salga adelante.
“Estamos políticamente en la situación de 2015 -afirma Vega-, cuando la ciudadanía nos pidió claramente diálogo y pacto. La situación nos interpela a todos, por eso quiero agradecer la voluntad de los grupos de poner por delante la ciudad”.
El acuerdo con TeC incluye la creación de un grupo de trabajo conjunto que sentará las bases de la revisión del POUM, de un nuevo Plan de Servicios Sociales y revisará la situación d e los polígonos industriales, entre otros proyectos. En paralelo, explicó ayer Vega, el gobierno trabaja con ERC en temas de inclusión y educación. “Se trata de fomentar instrumentos que generen mayorías -insiste el alcalde-. El objetivo común es construir ciudad más allá del calendario político y en esta mirada de futuro, encontrar espacios de diálogo siempre es positivo”.
12 millones de recursos extras
El Ayuntamiento de Terrassa estima que durante el ejercicio 2018 dispondrá de mayores recursos por valor de 12,1 millones de euros, La cifra más importante, 8,4 millones, llega a través de los ingresos propios, por la previsión de una mejor recaudación en impuestos como el de construcciones, el IAE y las plusvalías. Los 3,6 millones restantes proceden del ahorro en gastos que previsiblemente no se repetirán este ejercicio, como el IVA del transporte o el coste de la revisión catastral.
Esos 12,1 millones de mayores ingresos se destinarán a actuaciones prioritarias. La partida más cuantiosa, 6,5 millones de euros, va para el servicio de limpieza, a la renovación de contenedores y la reorganización de Eco Equip. Este capítulo contará con 1,1 millones de dotación, a la que se sumará 1 millón adicional del presupuesto de inversiones.
La partida de 6,5 millones para servicios básicos incluye también una dotación de 1,1 millones para mayores necesidades en gasto social y 1 millón para el encargo de la diagnosis que permitirá abordar la revisión del POUM “en el próximo mandato”.
Este ejercicio el gobierno afrontará también la reorganización del modelo organizativo del Ayuntamiento de Terrassa revisará el catálogo de puestos de trabajo y perfilará un plan de estabilidad laboral. “Después de 15 años la ciudad ha cambiado mucho y lo que se espera de una administración es que responda a esa nueva realidad”, dijo ayer Vega.
En la agenda presupuestaria figura también la finalización del estudio de descentralización de la estructura municipal y la creación del distrito 7 en los sectores de Can Parellada y Les Fonts. El pacto con TeC incorpora mejoras en la conectividad de esos barrios con la ciudad, especialmente a través del transporte público.
Menor endeudamiento
De los 8,4 millones de mayores recursos que proceden de ingresos propios, la utilización de 7,1 millones depende de la revisión de la regla del gasto que haga el Ministerio de Hacienda. Si el ministro Cristóbal Montoro la flexibiliza, la partida irá tanto a inversiones como a gasto corriente.
“El Ayuntamiento continúa en ratios de endeudamiento por debajo del 75 por ciento, que no requieren tutela de ninguna administración”, comentó el alcalde.
Durante el ejercicio 2018, el gobierno espera amortizar más deuda de la que contraiga. Concretamente prevé solicitar un crédito de 7,1 millones para inversiones y destinar 13 millones a amortizaciones. A final de año, la deuda municipal se situará en 142,5 millones de euros, un 71% de ratio, lo que supone una carga financiera de entre el 5 y el 6 por ciento.
