El que fuese alcalde de Sant Cugat entre 1987 y 1999, Joan Aymerich (CiU), se sentó ayer en el banquillo de los acusados. Le atribuyen un presunto delito de prevaricación continuada por cometer supuestas irregularidades urbanísticas en Can Mates para favorecer el asentamiento de la multinacional Boehringer en ese sector. El caso se remonta a inicios de los años 90.
En el juicio oral que se inició ayer en los Juzgados de Terrassa (en el Juzgado de lo Penal número 3 y que está previsto que dure cuatro días más), acompañaron a Aymerich, también como acusados de un delito continuado de prevaricación, el que fuese en el momento de los hechos director de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Cugat, Joan Francesc Borràs; el exresponsable jurídico del departamento, Eduard Graell; el exarquitecto municipal Vicenç Tort y el cargo de confianza y exjefe de gestión de Urbanismo, Josep Maria Casanovas.
Para todos ellos, el fiscal pide en su escrito de acusación una condena de hasta cinco años de inhabilitación para ocupar un cargo público. Al juicio no acudieron las acusaciones particulares ya que se han retirado de la causa. Sólo el fiscal mantiene cargos (ver recuadro).
Derechos
Los hechos se remontan a un convenio de compraventa y permuta firmado entre el Ayuntamiento de Sant Cugat y Boehringer en 1993 con motivo de la ocupación por parte de la empresa de unos terrenos en Can Mates con el fin de iniciar su actividad, un sector que fue objeto primero de un plan de actuación urbanística y después de un plan parcial urbanístico.
En el auto de apertura del juicio oral, que data de 2014, se afirma que el convenio fue ratificado de manera arbitraria, ya que no contó con la publicidad registral y que ignoró "absolutamente" los derechos de los otros propietarios.
En el mismo auto, se dice que en este convenio se cometió "una flagrante actuación contraria a las normas urbanísticas" y, entre otros aspectos, considera que se regularizaron unas fincas prescindiendo del reglamento de bienes de las entidades locales y que el proyecto de reparcelación fue acordado en referencia a una manifestación de bienes de Boehringer que "no era legal ni clara".
De hecho, este proyecto de reparcelación ya fue tumbado en 1997 por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al considerar irregular que se obligase a todos los propietarios afectados a sufragar las obras, que debían ser asumidas por la administración. En concreto, se exigía a los propietarios a pagar los gastos de urbanización del 10% del aprovechamiento medio. La resolución también consideraba que el proyecto de reparcelación beneficiaba a Boehringer y al Ayuntamiento con suelos industriales de más valor.
Fruto de esta resolución del TSJC, el Consistorio se vio obligado a llevar a cabo nuevos planes de reparcelación en el sector de Can Mates. Además, el pasado verano indemnizó con 8,5 millones de euros a los propietarios que cursaron denuncia contra el plan parcial de este sector, motivo por el que han decidido retirarse del proceso penal, manteniendo la acusación únicamente el fiscal. Asimismo, tras abonar las indemnizaciones, el pasado mes el Ayuntamiento inició un nuevo expediente de reparcelación voluntaria del plan parcial de ordenación de Can Mates.
"Estoy aquí como político"
Aymerich declaró ayer durante el juicio que "no hubo ningún trato de favor" hacia Boehringer y que "no hubo ninguna intención de beneficiar a unos", en referencia a la multinacional, "y de perjudicar al resto de propietarios".
El exalcalde, que encabezó su declaración afirmando que "estoy aquí como político" y que no tiene "conocimientos urbanísticos ni jurídicos", reiteró en varias ocasiones su confianza plena tanto en el departamento de Urbanismo de entonces como en el secretario general de Ayuntamiento, que "era quien me daba las cosas para que las firmase. Entiendo que si había algo que estábamos haciendo mal, me lo hubiese dicho". Al respecto, reiteró: "Nadie me dijo que estuviésemos haciendo algo mal hecho, afirmación con la que no quiero decir que lo hiciésemos (mal)".
Aymerich se defendió de las acusaciones contra él recordando además que el plan de reparcelación de Can Mates fue aprobado por la comisión de Urbanismo de Barcelona de la Generalitat.
