Funcionario de carrera, empleado del Ayuntamiento, usó tarjetas bancarias de titularidad municipal para repostar combustible en gasolineras. Presuntamente para poner gasolina en sus coches, no en vehículos de la corporación. De esa infracción penal, cuando menos, acusa el fiscal al funcionario. Le atribuye un delito continuado de malversación de caudales públicos y pide que sea condenado a un año y nueve meses de prisión, a pagar una multa de 3.240 euros y a devolver al Ayuntamiento de Terrassa lo que se gastó: 2.072,69 euros.
El periodo en que se sucedieron los supuestos fraudes al erario duró casi tres años. Empezó, según manifiesta el fiscal en su escrito, el 4 de enero del 2012 y acabó el 23 de diciembre del 2014. Unos días después, el juzgado de instrucción número 3 de Terrassa abrió el procedimiento penal tras la presentación de la denuncia pertinente.
La causa, en la que se incluyeron imágenes de cámaras de seguridad de gasolineras, fue tramitada por la Ley del Jurado y será un tribunal popular el que delibere sobre el caso, en principio. La celebración del juicio ha sido señalada para el próximo lunes, 3 de octubre.
El procesado tenía un cargo de responsabilidad en el área de Mantenimiento Urbano y, como tal, disponía de tarjetas bancarias de las que era titular el Consistorio pero que sólo podían ser utilizadas para abonar los repostajes de vehículos municipales. Sin embargo, según indica el Ministerio Fiscal, el procesado hizo, presuntamente, 44 repostajes de combustible en coches de su propiedad usando las tarjetas referidas. Puso combustible en gasolineras radicadas en Terrassa que luego, una vez iniciada la investigación de los hechos, fueron visitadas por la Policía Municipal para la recogida de evidencias.
Inhabilitación
En total, el monto del fraude ascendió a 2.072,69 euros, a tenor de los cálculos plasmados en el escrito de acusación pública. Además de las penas señaladas (un año y nueve meses de prisión y la multa, de doce euros al día durante nueve meses), el representante del Ministerio Público reclama que el funcionario pague al Ayuntamiento el dinero defraudado, más los intereses legales devengados, y que sea inhabilitado para ser empleado público durante cuatro años.
En el juicio, además del reo, están llamados a declarar los policías locales que acudieron a las gasolineras para recabar pruebas sobre el consumo de gasolina, el jefe del área en la que trabajaba el encausado y unos médicos forenses que deberán exponer informes psiquiátricos sobre el acusado, a fin de conocer si alguna alteración mental afectó a su comportamiento.
