Los contratos de formación se han reducido en Catalunya en un 80% en el primer trimestre del año en relación al mismo período de 2015, según denunció ayer la patronal Cecot, que atribuye esta caída al cambio normativo que ha entrado en vigor este año. En concreto, en este primer trimestre se han registrado un total de 443 contratos de formación, frente a los 2.242 del mismo período del año anterior, descenso drástico que también se ha experimentado en toda España.
Cecot destaca que la causa de esta drástica caída es la nueva normativa que afecta desde el pasado 1 de enero a esta modalidad de contratos y que suprime la formación a distancia, exige que los cursos que siguen los trabajadores permitan obtener un certificado de profesionalidad, y obliga a las empresas a solicitar autorización al servicio público de empleo con un mes de anticipación.
El contrato de formación, dirigido a menores de 30 años sin estudios, contempla la necesidad de que el joven alterne el trabajo en una empresa con los estudios, y prevé una bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social para las empresas que lo utilizan.
La Cecot advierte que el balance final a lo largo del año de este tipo de contratos puede acabar siendo "muy bajo" dadas las dificultades de las empresas para encontrar una oferta formativa adecuada para determinados perfiles.
A partir de este año, y a pesar de poderse cursar en modalidad online, otra parte del certificado debe hacerse mediante formación presencial. "Pero no todos los jóvenes viven y trabajan en una gran capital donde hay multitud de centros formativos autorizados para impartir todo tipo de certificados a cualquier hora del día", dice Ángel Buxó, asesor en recursos humanos de la patronal terrassense.
No son escuelas
Para la Cecot, la exigencia de que el alumno obtenga un certificado de profesionalidad después de una formación vinculada a un contrato de trabajo es acertada y necesaria porque no sólo beneficia al trabajador sino que repercute directamente en la mejora de la competitividad de la empresa donde desarrolla su tarea.
El empresario que necesita un trabajador y está dispuesto a hacer un contrato, cualquiera que sea la modalidad, quiere una persona que preste servicios en su organización y no "suele tener ni la preparación suficiente, ni los medios necesarios, ni la voluntad de convertirse en una escuela de formación profesional", dice Cecot.
"Si el Gobierno quería modernizar el sistema eliminando la formación a distancia por teleformación y exigir formación acreditada, debería haber previsto y haber marcado los tiempos para que los agentes y operadores responsables tuvieran la operativa a punto para el 1 de enero", añade David Garrofé, secretario general de la Cecot. Desde la organización empresarial entienden que la función de la administración pública, en el marco de la formación dual, es poner los recursos públicos que sean necesarios y velar por que estos recursos se destinen a este fin, afirma Josep Maria Bosch, asesor laboral de la Cecot. Bosch pone en el punto de mira el hecho de que "nadie haya preguntado a los principales intermediarios del mercado de trabajo su opinión sobre este tipo de contrato". Según Bosch, "si leemos los requisitos, llegamos a la conclusión de que hay que ser ingeniero de contratación laboral para hacer un contrato de este tipo y abogado de un gran despacho para garantizarle a la empresa cliente que no acabará asumiendo ninguno de los riesgos que se derivan".
