El ejercicio en curso ha sido el tercero en que se ha aplicado una subida del 0,25% a las pensiones, la mínima garantiza en la reforma aprobada en 2013 que desligó la revalorización de las pensiones de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) para supeditarla a las posibilidades económicas de la Seguridad Social. La norma estableció una subida mínima del 0,25% para el conjunto de las pensiones cuando la situación económica fuera desfavorable y un incremento máximo del IPC más 0,50 puntos porcentuales para las épocas de mayor bonanza. Hasta la entrada en vigor de la ley 23/2013, de 23 de diciembre, la revalorización de las pensiones se revisaba conforme a la variación anual del IPC de noviembre. Esta norma, ya derogada, buscaba mantener el nivel adquisitivo a los perceptores, según comentó el diputado Carles Campuzano en el acto de ayer en Cecot. Con la reforma, ese objetivo ha dejado de ser un prioritario, ya que “no persigue proteger al pensionista del riesgo de inflación”, y el aumento anual surge de la “capacidad financiera del propio sistema”. Hasta ahora, la evolución de la inflación ha hecho que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo (el IPC de noviembre pasado se situó en -0,3%, lo que significa que estas prestaciones han subido un 0,55% respecto al coste de la vida). Sin embargo, estos niveles de inflación tan bajos o negativos son realmente excepcionales y a la larga, dijo el diputado de Democràcia i Llibertat, los pensionistas “se empobrecerán”.
