El Síndic de Greuges de Catalunya trasladará al Defensor del Pueblo diversas evidencias sobre la necesidad de revisar la Ley que regula el Sistema de Formación Profesional (FP) para la ocupación de trabajadores en activo. La actuación se produce a raíz de una denuncia de la patronal terrassense Cecot, cuyo presidente Antoni Abad, se reunió ayer con Rafael Ribó.
El Síndic de Greuges explicó ayer que a pesar de tener un carácter finalista, las cuotas mensuales de formación profesional que se deberían destinar a formar a trabajadores en activo, se están utilizando para sufragar prestaciones y formación de personas en situación de desempleo.
Acompañado por Antoni Abad, que presentó una queja por este tema, el síndico avanzó que solicitará al Defensor del Pueblo que analice el cumplimiento de la Ley. También se ha dirigido al Ministerio de Trabajo y al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Esta desviación de los fondos de las cuotas está amparada por la Ley 30/2015, la cual, según la Cecot, incumple diversas sentencias del Tribunal Constitucional.
Últimos cuatro años
El Tribunal de Cuentas también denuncia en un informe de fiscalización que el servicio público de ocupación estatal ha financiado el déficit del conjunto de prestaciones por desocupación con el dinero sobrante de las cuotas de formación profesional. Según la Cecot, patronal que representa directamente a 6.000 empresas e indirectamente cerca de 50.000, el Ejecutivo estatal ha destinado en los últimos cuatro años más de 4.000 millones de euros recaudados de esta manera a sufragar prestaciones por desempleo y formación para trabajadores en paro. La patronal propone como posible vía para recuperar el dinero de las cotizaciones sociales para formación de ocupados un sistema similar al utilizado en el caso del céntimo sanitario impuesto en la gasolina.
Actualmente, en las nóminas de los empleados se retiene un 0,1% de la base para financiar la formación continua de los trabajadores. La retención por este mismo motivo es superior para las empresas, una cotización de un 0,6%. Por tanto, según Cecot, se estaría hablando del 0,7% de cotización en concepto de Formación Profesional con carácter finalista, que reiteradamente el Gobierno distribuye en otros conceptos y de manera poco transparente.