Agrios y desafortunados debates al margen (la deshinibición hace de twitter un lugar peligroso para la discusión), la cuestión del comercio en Terrassa empieza a ser un lío. El equipo de gobierno se metió en un jardín importante a finales de la semana pasada al hacer público el contenido de la reunión entre el alcalde y el conseller Baiget. En esa reunión, según nota de prensa emitida por el Ayuntamiento y declaraciones del propio alcalde Ballart, se trasladó al conseller de Empresa y Coneixement la preocupación del Gobierno municipal ante la “proliferación de grandes superficies que últimamente (no perder de vista este “últimamente”) se están implantando en el término municipal terrassense”. Se trataba de un posicionamiento radicalmente opuesto al mostrado en el pleno de noviembre en el que el equipo de Gobierno defendió abiertamente las instalación de nuevas superficies por el dinamismo económico y de empleo que proporcionaban a la ciudad y porque nos hacían capital.
La nueva postura generó no poca polémica, que no es necesario recuperar aquí. El equipo de Gobierno por boca de su concejal de Comerç, Amadeo Aguado, arropado por el teniente de alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Sàmper, matizaron como buenamente pudieron la posición del consistorio al respecto. Dijeron que en realidad, la preocupación del equipo de Gobierno en relación a un eventual desequilibrio de la realidad comercial terrassense es a futuro. Con ello pretendieron, con escasa fortuna, salvar la posición de defensa (o no oposición) a la implantación de superficies comerciales esgrimida en el pleno de noviembre y poner de manifiesto la sensibilidad, entendemos que no impostada, de apoyo al comercio tradicional. La nota de prensa era clara, la preocupación era por las superficies que “últimamente” se han implantado en la ciudad, no por las que se implantarán o al menos no supimos interpretar que era una preocupación diferida.
Pero en todo caso lo importante no es el matiz, sino el fondo y se trata de una situación en la que se nos escapa algo. Por una parte, el equipo de gobierno dice que no se puede regular sobre comercio porque los ayuntamientos no tienen competencias para ello y es eso lo que precisamente reclaman al conseller. Por otra parte, la oposición y la propia Cecot piden consensuar un modelo comercial de ciudad, a lo que el equipo de gobierno se opuso en noviembre. Al mismo tiempo, Samper anunció la elaboración de un estudio (otro) sobre la realidad comercial de la ciudad, se supone que para obtener la herramienta que permita planificar el futuro en ese ámbito; eso es muy parecido a pensar en un modelo de ciudad en torno al comercio, algo que se niega a la oposición y para lo que no se tienen competencias. En fin, un lío. Qué largo va a ser este mandato.
