El fiscal del Supremo ha pedido hoy que se mantengan las penas de un año y 4 meses de cárcel por delitos de tráfico de influencias que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya impuso al exdirigente del PSC Daniel Fernández, al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos y a su hermano Francisco.
El Tribunal Supremo ha revisado hoy la condena que el tribunal catalán impuso a los altos cargos citados y también a la exalcaldesa socialista de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, a quien castigó con una pena de 7 años de inhabilitación.
La misma sentencia condenó a Fernández y Manuel y Francisco Bustos a cuatro años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público electivo, así como a una multa de 60.000 euros para cada uno.
En aquella sentencia, la sala civil y penal del tribunal catalán concluía que Fernández y los hermanos Bustos presionaron a María Elena Pérez para que nombrara responsable del como directora del Área Territorial del ayuntamiento que encabezaba a una exalto cargo del tripartito.
Durante la vista de los recursos que los encausados presentaron, celebrada hoy por el alto tribunal, las defensas han rebatido el relato de hechos en el que se basaba la condena, mientras que el fiscal y la acusación popular han pedido que se confirmen las penas salvo en la condena en costas para los reos.
La sentencia condenatoria consideró probado que Daniel Fernández, Manuel Bustos y su hermano Francisco “abordaron, asediaron y finalmente convencieron” a María Elena Pérez para que modificara el criterio de una empresa de selección de personal para facilitar el nombramiento de una persona recomendada por ellos.
Contra esta decisión el letrado defensor de Daniel Fernández ha argumentado que tan creíble como ese relato de hechos es otro alternativo, en contra del cual no ha vertido argumentos la condena, que hubiera llevado a la absolución de su defendido.
“La sentencia condenatoria silencia pruebas de descargo que permitirían una explicación de los hechos distinta a la de la condena y que llevarían a la absolución de Daniel Fernández”, ha señalado su defensor.
Por su lado, la defensora de la exalcaldesa de Moncada i Reixac María Elena Pérez ha pedido que se anule la sentencia condenatoria porque a su juicio vulnera el derecho a la tutela judicial de su defendida, ya que no se basa en las pruebas practicadas durante el juicio sino en “imaginaciones y suposiciones”.
A su vez la defensa del exalcalde de Sabadell ha pedido la nulidad de la condena, entre otros motivos, porque la sentencia del TSJC se basa en unas intervenciones telefónicas que no son válidas para fundamentar la condena.
El abogado defensor de Francisco Bustos, hermano del exalcalde de Sabadell, ha insistido en que las llamadas telefónicas grabadas no bastan para la condena.
La acusación popular y el fiscal han defendido la coherencia del relato de hechos del tribunal catalán y su fundamento en pruebas obtenidas a partir de la grabación de conversaciones telefónicas cuya oportunidad y validez están perfectamente “fundadas” por el auto judicial que las autorizó.
