La consellera de Gobernación y Relaciones Institucionales en funciones, Meritxell Borràs, se reunió el miércoles en el Palau de la Generalitat con los alcaldes de los cinco ayuntamientos denunciados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional -Sant Cugat, Girona, Igualada, La Seu d’Urgell y Celrà- por aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament (que ya ha sido tumbada por el Constitucional). Al encuentro también asistieron los presidentes de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y de la Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Los cinco ayuntamientos y el Govern acordaron desplegar una estrategia conjunta en la defensa de la "libertad de expresión" ante lo que consideran un ataque por parte del Estado para "amordazarlos", informó la Generalitat.
Como ya explicó cuando se dio a conocer la noticia, la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa (CiU), reiteró en un comunicado difundido tras la reunión que "todavía no hemos recibido la notificación por parte de la Audiencia Nacional. Por tanto, estamos a la espera ya que el resto de ayuntamientos ya la han recibido". En cualquier caso, la primera edil confió en que las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional "acabarán en nada".
Conesa quiso también trasladar un mensaje de tranquilidad a los grupos municipales que votaron a favor de la moción en el pleno del pasado 16 de noviembre (CiU, ERC y CUP) al asegurar que "en el momento de llevar la moción al pleno contábamos con el informe jurídico del secretario del Ayuntamiento. Por tanto, si hubiese habido cualquier duda sobre la legalidad de la propuesta no la habríamos llevado a votación".
Debatir
En este sentido, la alcaldesa y presidenta de la Diputació de Barcelona recordó que el informe jurídico dejaba claro que de la moción no se derivaba ningún acto administrativo y no tenía ningún gasto derivado. Por tanto, "estamos solo ante un posicionamiento político", interpretó.
Por todo ello, Conesa confió en que la investigación de la Audiencia Nacional "acabará en nada" ya que, defendió, "lo que hemos hecho es un debate ideológico en el seno de un plenario como corresponde, de la misma manera que debatimos sobre el posicionamiento de temas como la ley del aborto o la misma Constitución. Nosotros tenemos un marco legal y jurídico y podemos debatir y discutir dentro de este marco sin infringir para nada la ley".
La consellera, por su parte, acusó al Estado de querer "amordazar y hacer sumisos" a los ayuntamientos dispuestos a aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament. Y señaló que, si "hace un año los ayuntamientos le dijeron" al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que "estarían detrás suyo" en defensa de la consulta del 9N, "ahora somos nosotros los que les queremos decir que nos tendrán a su lado".
Borràs subrayó el papel "vertebrador" de los consistorios y lamentó que exista desde el Estado "una firme voluntad de perseguirlos y criminalizarlos", por lo que exhortó a las instituciones estatales a que "dejen en paz a los ayuntamientos para que puedan debatir sobre lo que crean necesario".
El alcalde de Girona y presidente de la AMI, Carles Puigdemont, vaticinó que rozaría el "absurdo jurídico" que los alcaldes y concejales que hayan votado estas mociones tuvieran que pasar por la Audiencia para explicar por qué lo hicieron. Por su lado, el presidente de la ACM, Miquel Buch, se mostró sorprendido por el hecho de que "los medios de comunicación citasen a los ayuntamientos investigados antes que estos recibieran las notificaciones oficiales".
