La patronal terrassense Cecot ha denunciado a través de un comunicado que el Sistema de Formación Profesional para el empleo perjudica a las empresas. La convocatoria estatal de formación de oferta para trabajadores ocupados del 2015 aún no se ha publicado. Según Eulàlia Martínez, directora de Cecot Formació, “como consecuencia, ni los trabajadores que cotizan el 0,1% ni las empresas que desean formarlos, y que cotizan el 0,6% en concepto de FP, pueden participar en acciones formativas subvencionadas”. Según datos de la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo, respecto a la misma fecha en 2014, hay 25.000 empresas menos que han procedido a la bonificación de la formación de sus trabajadores este año.
La ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, publicada el pasado 10 de septiembre sigue sin resolver los problemas de baja cualificación de los empleados y la formación de los trabajadores en paro.
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el SEPE solo ha ejecutado a 30 de septiembre del 2015, un 1% del presupuesto reservado a la formación para trabajadores en paro.
A parte de esta “inejecución” presupuestaria, señala Cecot en el comunicado, cabe destacar el reiterado incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitución que establecen que los importes de cotización en “Formación Profesional son finalistas y deben ser destinados únicamente a la financiación de la formación de los trabajadores”.
La página web de la Fundación Tripartita para la Formación en el empleo detalla que los Permisos individuales de formación se han reducido en más de un 32%. La patronal añade que después de la publicación en marzo del Real Decreto de 4/2015 que establecía un nuevo marco legal respecto a las bonificaciones en formación, se creó una confusión en las empresas de tal envergadura que, entre los meses de abril y mayo, se paralizaron los procedimientos de bonificación de las empresas.
La ley establece que quien debe concurrir en las solicitudes son los centros de formación acreditados para ello. Estos centros, en general pymes, deben esperar a que se publiquen las convocatorias, deben presentarse, esperar resolución, y si la hay, empezar a impartir la formación, concurriendo en todos los gastos (nóminas formadores, alquiler aulas, materiales del cursos, publicidad, gastos de administración, etc.) y abonando por anticipado todas las partidas, antes de haber cobrado el importe por parte de la administración.
Procedimiento
En todo caso, la administración puede adelantar un 60% del importe, dejando el resto, el 40% para ser cobrado en cuanto la administración lo estime, una vez los centros presentan la justificación económica del plan. Por lo tanto, según Cecot, se está procediendo a una destrucción del sector, compuesto por unas 15.000 pymes de entre 8-10 trabajadores, que ocupa 150.000 trabajadores.
“Teniendo en cuenta que lo que se pretendía incentivar es la concurrencia competitiva, y que se pide a los centros que hagan de “banca” de la administración, entendemos que este tema perjudica en especial a las PYMES ya que las grandes empresas y corporaciones sí pueden cumplir las condiciones económicas impuestas por la nueva Ley”, concluye Eulalia Martínez, directora de Cecot Formación.
