Pese a que la crisis ha cambiado muchas cosas, ya no sólo de la vida cotidiana sino a nivel global, hay cosas que siguen igual. Como el hecho de subir impuestos. Uno de ellos, el de la plusvalía, está levantando polvo desde hace varios meses.
Reclamación de 2012
Se trata de un impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que pese a ser de regulación Estatal lo cobran los Ayuntamientos y que se aplica tanto si hay plusvalía real en la venda como si no. Se calcula de forma automática a partir de unas tablas, lo que significa que se parte del supuesto que en la transmisión de terrenos sujetos al impuesto hay siempre incremento de valor. En cambio últimamente la jurisprudencia ha considerado que esto es una ficción legal sobre un continuado incremento del valor de los terrenos que no puede ser tenido en cuenta en el momento actual. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por ejemplo, ya se hizo eco de esta situación en 2012 y sentenció que si no existía un incremento real no se generaría el tributo, pese a las reglas objetivas de cálculo.
Ahora, la síndica de Terrassa, Isabel Marquès, ha pedido al Ayuntamiento egarense que no cobre el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando en la transmisión existan perdidas. Es decir, solo se cobraría en el caso que existiese una plusvalía real. Si quien vende pierde dinero con respecto al precio por el cual lo compró, quedaría exento. Además, recomienda al consistorio que devuelva las cuotas cobradas indebidamente si así se lo reclaman los afectados, que deben justificarlo mediante la presentación de documentación que acredite la perdida real en la transmisión del inmueble.
A principios de verano, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, planteó a la Secretaria del Estado de Hacienda modificar los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que regulan el cobro del impuesto. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ya pidió a Becerril modificar la plusvalía en 2013. Lo hizo después que el Ayuntamiento de Barcelona exigiese 3.100 euros de plusvalía a una mujer que donó su vivienda al banco por no poder pagar la hipoteca. Desde diciembre de 2012 en Barcelona y desde el 1 de enero de 2014 en toda España, los afectados por la perdida de la vivienda habitual que se acogen a la dación en pago están exentos de pagar el impuesto. Lo que piden ahora las sindicas es que no deba pagar esta plusvalía nadie que no gane realmente dinero en vender el piso.
