ueve años después de que estallara el escándalo de los lofts ilegales en la ciudad, donde el Ayuntamiento denunció por estafa y publicidad engañosa a cuatro inmobiliarias y cinco profesionales del sector, el caso sigue vivo en los tribunales.
El administrador de la inmobiliaria Immosistema, Josep Campos, reclama ahora a la administración local, a un grupo de afectados, al ex alcalde Pere Navarro y a quienes firmaron la querella, que restituyan su derecho al honor al entender que el proceso le ha “destrozado la vida. Once años después la justicia ha concluido que no hubo delito y no he tenido que hacer frente a ninguna indemnización. Pese a ello, he perdido mi empresa, mi patrimonio, mi familia, mi prestigio profesional y sobrevivo gracias a la ayuda de mis padres. Quiero limpiar mi imagen y que se haga justicia”, explica.
Josep Campos fue uno de los empresarios que hizo frente como acusado al procedimiento que se abrió por los locales equipados con aseo y cocina, y que fueron ocupados irregularmente como vivienda, sin cédula de habitabilidad. Se detectaron falsos pisos en el Passeig de Lluis Muncunill y en la calle de Marinel.lo Bosch principalmente, habitáculos en sótanos, sin ventana ni ventilación. Urbanismo instruyó cincuenta expedientes e impuso otras tantas sanciones.
En los tribunales, sin embargo, el caso tomó otros derroteros. Tras un largo proceso judicial, la causa penal se archivó al no quedar probado que se hubieran cometido los delitos de estafa y publicidad engañosa. Muchos afectados optaron por la vía civil, más ágil, y los procedimientos se saldaron mayoritariamente con acuerdo.
Cerrado el tema en los tribunales, el administrador de Immosistema presentó el pasado 30 de junio una demanda contra el Ayuntamiento de Terrassa y varios compradores, a quienes pide que restituyan su honorabilidad y compensen los perjuicios que el proceso judicial le han acarreado.
El empresario explica que perdió su empresa y su empleo cuando Immosistema fue denunciada y saltó a los titulares de prensa, radio y televisión. “Tuve que hacer frente a una fianza millonaria -explica-. Perdí mi casa, mi vehículo y me vi obligado a hipotecarme para pagarme un buen abogado”.
Campos Esteve asegura que el caso arruinó su vida, acabó con su matrimonio y le arrojó “a un proceso depresivo agravado por el consumo de alcohol. Tenía solo 27 años y ahora, con 38, aún no he logrado rehacerme. Llevo cinco años sin empleo”.
La sombra de los lofts le persigue, asegura. “Si busco empleo, internet sigue llamándome estafador. Ahora puedo demostrar que no soy un delincuente y recuperar mi honor”.
Un año después de volver a los tribunales, Campos ha decidido ahora ampliar su demanda civil e incorporar a la causa las personas que tomaron la decisión de presentar la querella de los lofts. El proceso se sigue desde este momento también contra el ex alcalde de Terrassa, Pere Navarro, el entonces concejal de Urbanismo, Josep Aran, y los técnicos y políticos que firmaron el acta del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, aquel 19 de mayo de 2006.
“En su momento el Ayuntamiento ni se dignó a escucharme. Querella directa sin tener en cuenta mi versión. Ahora yo tampoco les aviso”, advierte Campos, que en su primera demanda no concreta reclamación económica. Si los tribunales fallan a favor de que se restituya su honor, el empresario pondrá entonces precio a su reclamación.
Amparado por la Justicia, Josep Campos defiende su “inocencia” y reconoce que entre 2000 y 2006 “se vendieron locales equipados con lavabo y cocina y sin cédulas de habitabilidad. Aquello no eran viviendas y los compradores lo sabían, porque así constaba en las escrituras que firmaron ante notario. Pagaron 80 mil euros cuando los pisos estaban a 135 mil”.
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