El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este jueves un informe sobre la acción exterior de la Generalitat catalana entre 2011 y 2017, en el que se aprecia un posible uso indebido de fondos públicos para promocionar las tesis independentistas en el extranjero a través de estas “embajadas”.
El Tribunal de Cuentas ha estado elaborando este informe a petición de la Comisión Mixta del Congreso y Senado en la que se abordan todas las cuestiones relativas al órgano fiscalizador y el pleno del organismo ha dado este mañana el visto bueno, según han confirmado a Efe fuentes próximas a este organismo.
Se trataba de fiscalizar la actuación de las oficinas que formaban parte del llamado Diplocat, un órgano que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió a finales de 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La conclusión inicial, de acuerdo con algunas fuentes, es que parte de los fondos públicos que se empleaban en esas “embajadas” se destinó en realidad para promocionar las tesis independentistas fuera de las fronteras españolas.
A partir de ahí, y si finalmente se confirma algún indicio de responsabilidad punible, al margen de que se abriera un proceso de enjuiciamiento contable, el fiscal del Tribunal de Cuentas debería ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que determine las correspondientes actuaciones.
El informe, que será remitido a las Cortes, señala que en ese periodo la generalitat dedicó algo más de 27 millones a las actividades de las oficinas en el exterior y otros 16 millones al Diplicat, según ha venido adelantando estos días el diario ABC.
Una fiscalización que ha detectado 456 actividades de las “embajadas” entre 2013 y febrero de 2016, todas ella relacionadas “expresamente en la propia documentación de la Generalitat con el proceso soberanista”.
También ha constatado que tres de cada cuatro iniciativas del Diplocat en ese periodo de tiempo fueron para “promocionar, publicitar, justificar, promover o impulsar el proceso soberanista”, de acuerdo con el informe.
Se detalla además que las delegaciones en el exterior se creaban con un sistema de “autonomía financiera” para permitirles realizar todo tipo de gastos sin necesidad de someterse a controles, lo que ha provocado que se hayan producido “innumerables irregularidades en la realización de actividades y en la gestión económico-financiera”.
