Algunas de las defensas del caso del “procés” han dejado constar hoy su falta de confianza en que el Tribunal Supremo acepte sus pretensiones de que la causa se juzgue en Cataluña, aun contando con argumentos técnicos “de mucha importancia” como para estimarlo.
“Es bastante descorazonador”, ha manifestado ante los medios de comunicación Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, poco después de que finalizase en el Supremo la vista en la que ha estudiado si es o no competente para juzgar el caso.
En la misma línea se ha pronunciado el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, que cree que hay “demasiados indicios en las propias resoluciones del Tribunal Supremo como para pensar que puede haber una aceptación de esta declinatoria”.
Es más, ha señalado que la competencia del Supremo obedece a “una cuestión estratégica” para encontrar “un foro más acorde con las pretensiones de las acusaciones”.
Argumentos a los que se ha opuesto tajantemente Vox, que ejerce de acusación popular en la causa y que ha defendido -al igual que la Fiscalía y que la Abogacía del Estado- que ésta se quede en el Supremo.
En declaraciones a los medios, el secretario general del partido, Javier Ortega, ha reprochado a las defensas que prejuzguen a la Sala anticipando su resolución y ha cuestionado su pretensión de que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien juzgue a los líderes independentistas como si éste “no fuera parte de la misma jurisdicción penal”.
Por su parte, la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha planteado la vulneración de una serie de derechos de los acusados en el caso de que el juicio se celebre en el Supremo y ha recordado que, de ser así, la Sala no va a poder “valorar una parte de la prueba”.
Entre otros motivos, ha añadido Roig, porque los acusados van a precisar traducción simultánea del catalán, lo que hará que el tribunal pierda algunos matices de su declaración.
