El Gobierno ha contratado a un abogado en Bélgica para defender la integridad y la jurisdicción española ante los tribunales belgas, tras la demanda civil presentada en ese país contra el juez instructor de la causa abierta por el “procés”, Pablo Llarena, por los procesados huidos. El letrado, según han informado a Efe fuentes jurídicas, actuará bajo dirección y supervisión de la Abogacía del Estado, que defiende los intereses del Estado y de sus organismos autónomos. Será él y no Llarena quien previsiblemente acuda al tribunal belga el próximo 4 de septiembre, día en el que el magistrado del Tribunal Supremo está citado para comparecer por la demanda civil presentada por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsellers huidos.
Lo hará en defensa de los intereses del país y defenderá, según las fuentes, la inmunidad del Estado español y de su jurisdicción, como solicitó ayer al Ministerio de Justicia y al de Asuntos Exteriores el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según este organismo, la demanda intenta “sin disimulo alguno someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero”, desacreditar la instrucción ante la opinión pública internacional y condicionar futuros procesos.
Previsiblemente la defensa seguirá la línea trazada por el anterior juez decano de Madrid, Antonio Viejo, que rechazó dar traslado a Llarena de la demanda y de su citación al considerar que no se trataba de una demanda civil, sino que se pretendía “cuestionar y examinar actuaciones soberanas llevadas a cabo por el Estado español a través de sus órganos jurisdiccionales”. Las fuentes recalcan que la fórmula adoptada es una posibilidad normal prevista en el reglamento de la Abogacía del Estado y ya se ha puesto en práctica en el pasado.
precedentes
La Abogacía del Estado recoge en sus memorias anuales varios casos en los que se ha debido contratar a abogados en el extranjero ante la imposibilidad de personarse directamente en los tribunales de esos países, aunque son los abogados del Estado quienes se encargan de la “dirección y coordinación” de los pleitos. Como ejemplo se destaca la demanda presentada en 2003 en Nueva York por el despacho estadounidense «Holland & Knight» en nombre de España contra la sociedad clasificadora del buque Prestige y la defensa en Londres en el procedimiento arbitral abierto por la asegurada del barco.
También se actuó en EEUU, en Tampa, para demandar a la empresa cazatesoros Odyssey Explorer cuando intentó apoderarse de los bienes hallados en el buque “Nuestra Señora de las Mercedes”; o para defender a España de una demanda presentada en Los Ángeles en la que una familia judía que huyó del régimen nazi reclamaba un Pissarro expuesto en el Museo Thyssen.
El reglamento de la Abogacía General del Estado recoge la posibilidad de que Estado encomiende a una persona su representación y defensa “ante cualquier juez o tribunal extranjero”, previo informe de este organismo y de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
El encargado de nombrarlo sería el embajador español en Bélgica. Tras la demanda de los fugados, sustentada en una supuesta falta de respeto a la presunción de inocencia por parte de Llarena, el Poder Judicial ha cerrado filas en torno al magistrado. Este organismo prometió llevar a cabo “todas las medidas necesarias” para garantizar esa independencia, “incluidas las relativas a la integridad económica que da la Ley Orgánica del Poder Judicial”, que establece que no se puede presentar una demanda civil de forma directa a un juez en el ejercicio de sus funciones y que el Estado se hace cargo de posibles indemnizaciones.
