El año 2017 se cerró con 105 presos preventivos por causas de terrorismo yihadista y 20 sentencias por ese motivo, con 27 condenados de un total de 34 acusados, según la información tramitada por la delegación de España de Eurojust, la agencia europea para la cooperación judicial.
El informe de la delegación, hecho público por el Ministerio de Justicia en vísperas de los atentados de Catalunya y Cambrils, muestra el progresivo aumento de las causas por terrorismo yihadista en España, mientras descienden progresivamente los todavía numerosos procesos en los que está vinculada la banda terrorista ETA.
Según el balance, en 2017 la Audiencia Nacional dictó en 50 sentencias por terrorismo, aunque sólo en cinco casos había habido víctimas: 29 correspondieron a causas relacionadas con ETA; 20 correspondieron a procedimientos por yihadismo; y una a “otros” actos de naturaleza terrorista.
Hubo en total 86 personas acusadas en esos juicios y 68 fueron condenadas, mientras que 18 resultaron absueltas.
De los condenados, 40 estaban vinculados a ETA y 27 al terrorismo yihadista, mientras que un año antes habían sido 85 los condenados en causas por terrorismo etarra y 25 por actos terroristas de inspiración yihadista, además de uno por pertenencia al grupo Resistencia Galega y otro a los GRAPO.
En 2015 se había informado a Eurojust de 51 sentencias relacionadas con la organización terrorista ETA y sólo de 3 de terrorismo yihadista.
Destaca también la cifra de los presos preventivos en causas por terrorismo yihadista, que pasó de los 74 en 2015 a los 104 en 2016.
El año pasado se cerró con 105 presos preventivos por yihadismo, consolidando el número de personas privadas de libertad por esta imputación delictiva, se destaca en el informe de la delegación española en Eurojust.
Según explica el Ministerio de Justicia, los corresponsales nacionales -en la actualidad una magistrada y una fiscal de la Audiencia Nacional- tienen la obligación de remitir a la agencia europea la información sobre investigaciones o causas judiciales abiertas por delito de terrorismo, una materia sensible para la seguridad del Estado y que exige una intensa colaboración internacional.
Se transmite a Eurojust desde la identidad de las personas y organizaciones investigadas, hasta los actos objeto de investigación o enjuiciamiento, su relación con otros delitos de terrorismo y los pasos dados en materia de cooperación jurídica internacional.
También se informa de los autos de prisión provisional y de la modificación de esa medida en los casos relacionados con el terrorismo yihadista, unos datos que requieren un especial seguimiento y actualización al tratarse de medidas provisionales, subraya Justicia.
En el informe anual de Eurojust de 2017 se hace referencia a un caso español en el que se logró desmantelar un grupo yihadista dedicado a la propagada de Dáesh, un proceso que demostró, según la agencia, el valor añadido que supone la colaboración entre los sistemas judiciales de los países miembros.
Fue la denominada Operación Gomero: las autoridades españolas plantearon a Eurojust que coordinara “un día de acción común” con Alemania y el Reino Unido para realizar registros y detener de manera simultánea a los miembros de un grupo que se sospechaba que estaba involucrado en la producción de material audiovisual propagandístico de Dáesh para Internet.
Finalmente a las 4.00 horas del 28 de junio de 2017 se lanzó una operación en los tres países en la que se arrestaron seis sospechosos, una coordinación que continuó en los meses posteriores para avanzar en la investigación de la red a partir del material incautado y extraditar a España a los detenidos.
