El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado hoy que no habrá impunidad para los autores de los ataques contra la libertad ideológica y política en Cataluña, tanto de los partidarios como de los contrarios a la independencia, que van a la baja pese a registrarse 178 episodios desde mayo pasado.
Buch ha comparecido en rueda de prensa junto al director de la policía, Andreu Joan Martínez, y el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, para mostrar su “preocupación” por los episodios de intolerancia política e ideológica que ha habido en Cataluña en el último trimestre, a razón de casi dos al día: 93 en mayo, 52 en junio y 33 en julio.
“Nadie en Cataluña tiene la impunidad de poder agredir, perseguir, insultar y no respetar el derecho que tenemos todos a defender nuestra ideología política”, ha advertido el conseller, que ha garantizado que se perseguirá penalmente o administrativamente a todo aquel que “cruce la línea roja” del respeto a la libertad ideológica y política.
A preguntas de los periodistas, Buch ha indicado que los casos registrados en el último trimestre en Cataluña de vulneración del orden público o de ataques por motivos ideológicos y políticos han sido protagonizados tanto por partidarios de la independencia, entre ellos el ‘escrache’ al juez del Supremo Pablo Llarena, como por los contrarios, entre estos los episodios de Manresa (Barcelona) y Verges (Girona), donde hubo enfrentamientos para intentar impedir la colocación de ‘esteladas’.
Aunque ha apuntado que en algunos casos se trata de “fascismo”, el conseller ha precisado que no hay por el momento un “movimiento organizado de extrema derecha” actuando en Cataluña, ya que se trata de “casos muy puntuales”, en la mayoría de los casos en las comarcas barcelonesas del Bages y del Maresme.
Buch ha emplazado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a impulsar la creación de juzgados especializados en Cataluña en el ámbito de la persecución de los delitos de odio y ha resaltado que, en aquellos ámbitos que no encajan en el código penal, la consellería de Interior puede interponer sanciones administrativas de hasta 30.000 euros (las graves) y 600.000 euros (las muy graves).
