El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha pedido recusar a la sala que juzgará el 1-O porque sus “valores, creencias e ideología” podrían entrar en “colisión” con los de los procesados y afectar a su imparcialidad, ya que se “someten” a una Constitución que los acusados “quieren cambiar”.
Así lo sostienen el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores Raül Romeva en un escrito en el que piden la recusación de los cinco miembros de la sala que juzgará a la cúpula del proceso unilateral a la independencia: el presiente Manuel Marchena y los magistrados Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio Del Moral.
Según fuentes judiciales, una vez se haya acordado la fecha para el inicio del juicio, es posible que a la sala que enjuiciará el caso se puedan sumar otros dos jueces, que casi con toda probabilidad serán Ana María García Ferrer y Andrés Palomo.
En el escrito, el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, advierte de que no atender los argumentos de la recusación que plantea supondría la “violación y vulneración” de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso público en “plena igualdad” y con “todas las garantías”, el derecho a un “tribunal imparcial” y a un “efectivo recurso”.
Según la defensa de Junqueras y Romeva, “podrían existir elementos para sospechar que los valores, creencias e ideología de los magistrados integrantes de la sala de enjuiciamiento podrían encontrarse en colisión con los de los procesados hasta el punto de afectar a la imparcialidad de los juzgadores”.
El escrito argumenta que la causa judicial por el proceso unilateral a la independencia tiene un “componente político indiscutible”, ante lo que la ideología de los juzgadores “podría llegar a suponer una barrera al dictado de una sentencia imparcial”.
Para la defensa, los “ingredientes de la sospecha de imparcialidad” son la existencia de una causa contra políticos independentistas y republicanos “sometida a enjuiciamiento por unos magistrados que naturalmente se someten a los valores de una Constitución que los procesados quieren cambiar (siempre por vías pacíficas y cauces políticos y bajo la tutela de una democracia no militante como es la española según el TC)”.
Además, alerta que el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, está “fuertemente criticado” por su “politización” y “alienta la actividad jurisdiccional con un único norte: la unidad indisoluble la de nación española”.
La defensa plantea la recusación para permitir también que sean los propios magistrados los que analicen “su propensión a juzgar o no con imparcialidad un movimiento independentista y republicano, a fin de garantizar que la ideología política de los procesados no pueda suponer un impedimento al desarrollo de un juicio justo”.
El escrito alega que el sistema de elección de la cúpula judicial española ha sido criticado internacionalmente por su “permeabilidad” a las decisiones políticas y que, además de la “politización general” de la justicia, la causa sobre el 1-O presenta una “politización concreta”.
“La estrategia de criminalización de los procesados sigue directrices políticas que se vinculan con la defensa a ultranza del principio de unidad territorial”, argumenta el recurso, que apunta que si el proceso es una “causa política o los presos son presos políticos, se puede discutir”.
“Pero lo que es indiscutible -agrega- es que la causa versa sobre política y los presos son actores políticos, de una ideología determinada que genera en ocasiones críticas virulentas y desata las más bajas pasiones (desde el famoso clamor popular del ‘¡A por ellos!’ de difícil comprensión para quienes defiendan el respeto a cualquier ser humano hasta los brindis públicos por el encarcelamiento de los investigados efectuados por algunos impulsores del presente pleito)”.
Junqueras y Romeva sostienen además que los cinco magistrados de los que plantean la recusación compartieron sala, algunos durante más de diez años, con el exfiscal general del Estado José Manuel Maza (ya fallecido), que interpuso la querella contra los procesados, lo que es una “muestra de las sospechas de falta de imparcialidad”.
También alertan sobre la “evidente relación” entre el instructor, Pablo Llarena, y la sala de enjuiciamiento, lo que creen que puede “generar sospechas más que evidentes de contaminación de los integrantes de la sala de juicio, compañeros de sala, de pleitos y de resoluciones con el instructor”.
Otros de los argumentos esgrimidos para pedir la recusación es que los cinco jueces han tomado decisiones en el proceso que “comprometen” su imparcialidad, como la admisión a trámite de la querella contra la expresidenta del Parlament Carme Forcadell o resoluciones en las que asumían la competencia del Supremo para llevar el caso, afectando así el derecho a la doble instancia penal.
Además, también argumentan que el presidenta de la sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez y Juan Ramón Berdugo formaron la sala de enjuiciamiento en el Supremo por la consulta del 9-N de 2014, por la que fue condenado el exdiputado de CiU en el Congreso y exconseller de Presidència Francesc Homs, actualmente uno de los letrados de las defensas.
