El gobierno catalán se plantea recuperar impuestos cuestionados por el Tribunal Constitucional, crear “impuestos innovadores” y revisar impuestos ya vigentes para hacerlos más “progresivos” en el proyecto de ley de presupuestos de 2019, que volverá a tener una prioridad social.
En su primera comparecencia en el Parlament tras ser nombrado vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, que ya anunció que renunciaba a elaborar unas cuentas para 2018 para centrarse ya en las de 2019, ha dicho que el déficit marcado para 2019, que es del 0,1 % del PIB, frente al 0,4 % de este año, provocará que la Generalitat deba compensar de entrada un total de 688 millones por el menor margen de déficit.
“Tendremos que compensarlo con un incremento de recaudación o con transferencias por parte del Estado”, ha dicho Aragonès, que ha dejado claro que no habrá recorte del gasto, pero que la regla del gasto solo permitirá aumentar el gasto computable un 2,7 %, por lo que estarán “abiertos a todo tipo de decisiones para tener más margen de gasto”, ha apostillado.
Precisamente hoy, el Departamento de Economía de la Generalitat ha publicado una orden en el Diario Oficial de la Generalitat con la cual se pone en marcha la maquinaria interna para la elaboración de las cuentas de 2019, que deben “dar cumplimiento” a los objetivos fiscales establecidos por la ley de estabilidad financiera, dice esta orden.
“Elaboraremos unos presupuestos sociales para luchar contra las desigualdades y la lucha contra la pobreza”, ha asegurado Aragonès, que ha avisado, no obstante, de que estas cuentas estarán “condicionadas” por las reglas de déficit, deuda y gasto marcadas por el Estado, y ha criticado los objetivos de déficit fijados para las comunidades.
Por otra parte, Aragonès ha recordado que el modelo de financiación actual todavía no se ha revisado y que existe el “riesgo” de que la liquidación del modelo de financiación de 2019 sea “inferior” a la de 2017.
