La Generalitat se ha sumado a la demanda contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas por destinar fondos públicos al 9N y pide al Tribunal de Cuentas que le condene a devolver los 5,2 millones de euros que costó la consulta, junto a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.
En un escrito, a que ha tenido acceso Efe, el gabinete jurídico de la Generalitat, intervenida ahora por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, formula demanda de reclamación ante el Tribunal de Cuentas y rectifica así la posición que mantuvo al inicio del proceso, cuando no apreció responsabilidad contable del Govern en el 9N.
El Tribunal de Cuentas tiene abierto un proceso por los gastos públicos del 9N -a raíz de las demandas que presentaron el año pasado Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución-, en el que el pasado mes de diciembre ordenó el embargo preventivo de la vivienda de Mas y de los exconsellers para cubrir la fianza de los 5,2 millones de euros destinados supuestamente a la consulta.
Los servicios jurídicos de la Generalitat reclaman en su demanda la devolución de esos 5,2 millones de euros a Mas, Ortega, Rigau y Homs como responsables directos y solidarios, así como a otros cargos de la Generalitat que posibilitaron la salida de fondos de los presupuestos del Govern para el 9N por formar parte de órganos de contratación o estar a cargo de la fiscalización de los contratos.
Entre esos cargos a los que el Tribunal de Cuentas considera responsables del dinero público gastado en la consulta a Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia; Lluís Bertran, secretario general del Govern; Josefina Valls, directora de servicios de Gobernación, Ignasi Genovés, director general de Atención Ciudadana; y Jaume Domingo, director general del Diari Oficial de la Generalitat.
Las defensas de los exconsellers cuestionaban que las asociaciones que presentaron la demanda ante el Tribunal tuvieran legitimación para reclamar a Mas el reintegro del dinero que el Govern gastó en el 9N si la Generalitat, que es la institución perjudicada, no se sumaba a las acciones, según han señalado a Efe fuentes jurídicas.
No obstante, la demanda presentada por la Generalitat, intervenida con el artículo 155 de la Constitución, despejaría esas dudas jurídicas sobre el devenir del procedimiento en curso en el Tribunal de Cuentas.
