El mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero ha alegado que se desmarcó ante el Govern del referéndum del 1-O y que se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la Fiscalía para cumplir sus “órdenes” tras la aprobación de la declaración de independencia.
En su recurso contra el auto de la Audiencia Nacional que lo procesa por sedición y organización criminal, a que ha tenido acceso Efe, el que fuera jefe de la policía catalana insiste en que los mandos policiales de Mossos expresaron su “discrepancia” con la cúpula de la consellería de Interior respecto a sus planes para celebrar el 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), y su “compromiso” con los mandatos de los jueces y la Fiscalía.
Trapero ha comparecido hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que le ha notificado personalmente su procesamiento junto a los que fueran sus jefes políticos, el exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler y el exsecretario de Interior Cèsar Puig.
El escrito recalca que Trapero “en modo alguno compartía” los planes secesionistas del Govern, como lo demuestra, según la defensa, los dos correos electrónicos que el mayor envió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal de Cataluña, José María Romero de Tejada, el 27 de octubre pasado, cuando el Parlament aprobó la declaración unilateral de independencia (DUI).
En esos correos aportados a la causa, que Trapero remitió cuando ya estaba imputado por sedición y un día antes de ser cesado por el Gobierno en aplicación del 155, el mayor comunicaba que los Mossos d’Esquadra se ponían a “disposición” de las autoridades judiciales y de la Fiscalía con el fin de “dar cumplimiento a las órdenes que se pudieran derivar” en relación con la aprobación de la DUI.
Trapero comunicaba además que los Mossos seguirían “garantizando la seguridad ciudadana y el orden público en Cataluña”, tras tener conocimiento de la aprobación de la DUI por parte del Parlament “y desconociendo las consecuencias jurídicas de la mencionada declaración y sobre quién podían recaer las mismas”.
Esos correos, añade el recurso, los envió Trapero tras sendas conversaciones telefónicas con Barrientos y Romero de Tejada y después de haber previsto un dispositivo “con el fin de atender las eventuales órdenes que se pudieran recibir, así como en aras de mantener la seguridad ciudadana y el orden público”.
La abogada del mayor, Olga Tubau, esgrime también en su recurso dos reuniones que la cúpula de la policía catalana -encabezada por Trapero y junto a los comisarios Ferran López, Joan Carles Molinero, Emili Quevedo y Manel Castellví- mantuvo los días 26 y 28 de septiembre pasados con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y con los exconsellers Oriol Junqueras y Joaquim Forn.
Esas reuniones, que según Tubau se celebraron a petición del propio Trapero, pretendían “trasladar a los responsables del gobierno de la Generalitat la preocupación común” de todos los comisarios en relación a que se mantuviera el 1-O, “por los eventuales problemas para la seguridad ciudadana que podrían producirse”, añade el recurso.
La cúpula de Mossos trasladó también al Govern que “no se compartía desde el cuerpo policial el proyecto independentista” y manifestó su “firme voluntad y decisión” de respetar la legalidad vigente y los mandatos judiciales y su discrepancia respecto a “determinadas manifestaciones públicas en las que se hacía referencia” a la policía catalana.
“(…) una cosa eran los desiderátums y la voluntad del órgano político y otra la actuación del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, cuya cúpula, con el mayor a su frente, vino siempre presidida por una firme determinación de cumplir con el ordenamiento vigente y con las órdenes emanadas de poder judicial y la Fiscalía”, subraya el recurso.
Trapero insiste además ante la juez en que fue el coronel Diego Pérez de los Cobos, cargo del Ministerio de Interior, quien dirigió el operativo para impedir el 1-O y que en ninguna de las reuniones que mantuvo con los jefes de Mossos les manifestó que el operativo que habían diseñado fuera “inoperante o insuficiente”.
El recurso de Olga Tubau niega ante Lamela que Trapero pusiera al cuerpo de los Mossos “al servicio de los intereses secesionistas” y que, “por mor de esa pretendida connivencia, se hubieran desplegado acciones de vigilancia y contravigilancia” a miembros del Govern, entre ellos algunos de los detenidos el 20 de septiembre en la operación lanzada por el juez de Barcelona que investiga el 1-O.
Según Trapero, únicamente autorizó “un servicio de vigilancia esporádica” en los entornos del exsecretario general de Economía Josep Maria Jové, por el riesgo que podía suponerle su exposición pública con motivo de su detención, y se descartaron sus peticiones de disponer de escolta personal o de que se efectuaran barridos de seguridad para evitar “colisionar con las acciones de investigación que sobre él podían estar realizándose”.
