La Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, ha pedido hoy reducir el IVA en las facturas de energía de los hogares y ha denunciado que el precio del gas y la luz ha aumentado un 66,7 % en los últimos díez años, mientras que el IPC ha crecido un 14,7% en el mismo periodo.
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Francina Alsina, ha presentado hoy en Barcelona el informe “El precio de la energía, factor clave en el aumento de la pobreza energética”, que revela que España es el estado de la UE con un mayor crecimiento de precios del gas para consumidores domésticos, más del 70 % desde el año 2010.
Alsina ha reivindicado que “la energía es un derecho fundamental y un requisito indispensable para poder vivir dignamente y satisfacer los derechos básicos”.
La directora de la asociación Ecoserveis y autora del informe, Marta García, ha remarcado que el nivel de vida de las personas no “aumenta al mismo ritmo” que el precio del gas y la luz.
“El precio de la electricidad y del gas no ha parado de aumentar durante los últimos 10 años, pero los salarios se han mantenido estables, lo que supone destinar una mayor parte de nuestro salario a pagar por la energía”, ha explicado García.
El informe se ha centrado en analizar cómo funciona el mercado energético, qué condiciona los precios de la energía, qué medidas de protección existen y qué efecto tienen los precios en el bienestar de las personas y se puede descargar en su página web.
Según las entidades sociales, en Cataluña más de 645.000 personas tienen dificultad de pagar los suministros de energía.
García se ha preguntado cómo puede ser que se esté aplicando un 21 % de IVA a un bien de primera necesidad y que además se pague un impuesto extra de electricidad.
“Estamos pagando doblemente un impuesto y, aunque es legal, esto no es justo”, ha comentado.
“La justificación que nos dan es que se quiere proteger el medio ambiente y la salud de las personas, por lo que pedimos que se destine una parte de ese impuesto a cubrir la pobreza energética”, ha pedido.
El informe constata que el gasto energético a nivel doméstico ha aumentado en España un 40 % más que el nivel de vida en los últimos diez años, por lo que “una familia que pagaba de media, en el 2008, 1.566 euros en concepto de gastos energéticos, en el 2018 estaría pagando 2.238 euros”, ha señalado Alsina.
El estudio denuncia que “el precio de la electricidad no ha parado de aumentar durante los últimos 10 años. Este incremento representa que en 2016 se pagaba un 66,7 % más por la energía que en 2006, mientras que el IPC sólo ha aumentado un 14,7% en el mismo periodo”.
El informe también analiza la situación del bono social, una protección social ofrecida por el Gobierno para los consumidores en situación de vulnerabilidad, y ha denunciado que “el ministerio ha fijado su efectividad en el 45 %, por lo que está reconociendo desde un principio que algo falla”.
“Actualmente tienen acceso a ese bono familias que igual no lo necesitan, mientras que colectivos más vulnerables, como las familias monoparentales, no se incluyen explícitamente, por lo que creemos que se tendrían que establecer criterios para que el bono social se destine a aquellos que realmente lo necesitan”, ha añadido García.
Las entidades piden que se diseñen tarifas sociales para distintas fuentes de energía, no solo para la electricidad, se replanteen los criterios para beneficiarse del bono social y se simplifique su tramitación.
El informe también reclama una mayor “transparencia y protección de los consumidores” porque considera que los precios de las energía son “opacos” y también “hay medidas estructurales que contribuyen a disminuir el precio de la energía, como el impulso de un sistema energético no dependiente de combustibles fósiles que se tengan que importar o crear criterios más equilibrados de fijación de precios en el mercado mayorista”.
