El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha alertado hoy del riesgo de normalizar la “regresión de derechos” y ha asegurado que ve traspasados los “límites democráticos del Estado”, en la presentación del Informe anual al Parlament 2017.
En rueda de prensa, el Síndic ha advertido de la “regresión de derechos de las personas”, algo que considera una “novedad muy grave” y ha asegurado que el encarcelamiento preventivo de líderes políticos y sociales, la aplicación del artículo 155 y las vulneraciones del derecho de expresión y participación política han traspasado “los límites democráticos”.
En 2017, el Síndic llevó a cabo 264 actuaciones relacionadas con la regresión de los derechos democráticos, 125 de las cuales correspondían a derechos de participación y 89 a seguridad ciudadana.
Ribó ha criticado la “desproporción penal” y la prisión con las que, a su juicio, se han confrontado los “ilícitos políticos cometidos por las instituciones catalanas, a la vez que ha reiterado la necesidad de investigar el 1 de octubre en el Parlament de Cataluña por la “desproporción de la fuerza policial”.
“Los actos ilícitos derivados de la aplicación de leyes declaradas nulas de pleno derecho deberían haberse confrontado con el ordenamiento legal vigente y con diálogo y soluciones políticas”, ha opinado.
Según el Síndic, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y “la judicialización de la política” están produciendo “vulneraciones de derechos como la libertad de expresión, de reunión o de manifestación”.
“La ley mordaza ha generado más de 300.000 sanciones en todo el Estado y es un atentado clarísimo a la Convención Europea de Derechos Humanos”, ha detallado Ribó, que ha considerado que es “uno de los factores claves en el retroceso de derechos en el Estado español”.
Según el Síndic, la intervención financiera de la Generalitat, la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española y los recursos del Estado en el Tribunal Constitucional contra leyes catalanas han conllevado “agravios en las políticas y los derechos sociales”.
“Todo ello ha afectado a derechos sociales importantes y ha tenido una repercusión clarísima que este año aún se ha agravado más”, ha opinado Ribó, que ha dicho que la aplicación del 155 ha causado “prejuicios clarísimos a la administración que afectan directamente a derechos”.
En su informe, Ribó ha reiterado la “desproporción” que significa la calificación penal de rebelión y la orden de prisión provisional sin fianza impuesta a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart.
