El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha cifrado en 87 millones de euros el coste del despliegue de hasta 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.
“La arrogancia e irresponsabilidad del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y de su gobierno ha supuesto para todos los españoles un coste económico de 87 millones de euros, además de los 1.000 millones sobre el impacto de la desaceleración económica, las cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35 % en las reservas hoteleras”, ha dicho en el Senado, donde comparece para explicar ese despliegue.
Zoido ha defendido que la llamada Operación Copérnico tenía como objetivo responder con “eficacia” a la “rebeldía” de los independentistas, a la “clamorosa desobediencia” a la justicia del Gobierno catalán y a impedir que los catalanes fueran “arrojados al abismo”.
El titular de Interior ha dado cuenta de que la operación Copérnico supuso el traslado de numerosos efectivos, que llegaron a sumar los 6.000 agentes entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre y unos 4.500 de forma más estable.
Aunque no ha desglosado por capítulos en su primera intervención el coste de este despliegue, el ministro ha asegurado que los 87 millones de euros incluyen el alojamiento, la manutención, los desplazamientos, las dietas y los complementos de productividad.
Respecto al alojamiento de esos efectivos y tras admitir la polémica generada especialmente por el empleo de barcos para acoger a muchos de estos efectivos, el ministro ha explicado que esa decisión fue adoptada porque esas embarcaciones eran “alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación”.
Por esta razón y por los episodios de acoso y “asedio consentido y organizado” que sufrieron cientos de agentes alojados en hoteles, el ministro ha defendido el acierto del empleo de los barcos.
