La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamena ha rechazado poner en libertad al expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, acusado de blanqueo, a cambio de una fianza de 400.000 euros que él mismo ofreció, al entender que hay un alto riesgo de que se fugue, vuelva a delinquir y destruya pruebas.
La defensa de Rosell ofreció pagar esta cantidad después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia, en su último pronunciamiento contra su excarcelación, abriera la puerta al pago de una fianza cuando afirmó que su situación podría haberse visto modificada si hubiese ofrecido alguna cantidad económica que demostrase su colaboración.
Ante esta afirmación de la Sala de lo Penal, órgano superior a Lamela, Rosell volvió a pedir su libertad a cambio de ese dinero, pero la juez considera que aún persisten razones para mantenerlo en prisión, donde está ingresado desde el pasado 25 de mayo por delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
En concreto, se le investiga por quedarse con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña de fútbol.
Lamela afirma, en su rechazo al recurso de libertad, que Rosell “debe permanecer en situación de prisión” y considera que si la Sala hubiera querido imponerle una fianza, “así lo hubiera acordado fijando el importe que se estimara adecuado”.
Además, la magistrada recuerda que Rosell alegó que estaba pasando una precaria situación económica, lo que “no concilia con la cantidad de 400.000 euros que ofrece como fianza”.
Muy al contrario, según Lamela, la investigación hecha hasta ahora, “lejos de evidenciar que el señor Rosell carece de medios económicos, lo que pone de manifiesto es que su principal actividad empresarial, fuente de importantes ingresos, se encuentra fuera de España”.
Pone como ejemplo el contrato suscrito entre una sociedad que creó en Hong Kong en enero de 2017, One Of Ours Limited, y la qatarí Aspire Zone Foundation, para desarrollar el proyecto Aspire de búsqueda de nuevos talentos del fútbol.
En ese contrato, firmado seis días después de la creación de la empresa, se preveía el pago de 3,5 millones de euros anuales.
“Conforme a lo pactado, es previsible que por parte de One Of Ours Limited se hayan cobrado ya a día de hoy 3.500.000 euros”, dice la jueza, que destaca que la “gran fortuna” que previsiblemente tiene, con cuentas, bienes y negocios fuera de España, así como su facilidad para “viajar y vivir temporalmente en distintos lugares de todo el mundo”, le facilitarían la fuga.
Además, Lamela cree que hay un “importante riesgo de reiteración delictiva” porque “viene operando dentro de un grupo organizado de personas que, junto a él, están siendo investigadas también por otros países, como Estados Unidos, Brasil, Andorra o Suiza” y durante un dilatado periodo de tiempo.
Finalmente, aprecia riesgo de que destruya pruebas si sale de prisión, ya que aún se están estudiando documentos intervenidos en distintos países del mundo y en alguno de ellos es asimismo investigado.
