El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los tres exconsellers de ERC encarcelados insisten ante el Tribunal Supremo (TS) en que “aceptaron y aceptan” el artículo 155 y se comprometen a actuar “por las vías del diálogo y la negociación”, en una lectura “amplia” de la Constitución.
La defensa de los exconsellers de ERC ha presentado hoy un escrito ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga al Govern cesado por rebelión, en el que piden que les cite a declarar y les deje en libertad, aduciendo que tienen derecho a participar en la campaña del 21D sin que su encarcelamiento “estigmatice de forma indebida su programa político”.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la defensa pide al magistrado que tenga en cuenta que los cuatro exconsellers concurren en las listas de ERC para las próximas elecciones autonómicas, un “nuevo elemento” que, recuerda, no pudo valorar la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando los envió a prisión preventiva el pasado 2 de noviembre.
Los abogados de los exconsellers, también los del PDeCAT, y de los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han solicitado volver a declarar, ante el nuevo escenario abierto después de que la causa contra el Govern la haya asumido el juez Pablo Llarena, que el pasado 9 de noviembre dejó en libertad a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, después de que ésta renunciara a la vía unilateral a la independencia.
En su escrito, el abogado Andreu Van den Eynde apunta a que el tratamiento que se dio a Forcadell y los miembros de la Mesa de JxS “no tiene por qué constituir una guía exacta” para los exconsellers de ERC, pero “sí es ejemplo de la filosofía que debe imperar en el juicio de proporcionalidad judicial”.
Los exconsellers de ERC, que la semana pasada asumieron en un recurso ante al Audiencia Nacional los efectos del 155 pero sin acatarlo expresamente, insisten ahora en que “aceptaron y aceptan” la aplicación de ese artículo de la Constitución “en los términos que autorizó el Senado y aprobó el Consejo de Ministros”.
“Lo han hecho desde la más profunda discrepancia política y jurídica”, aclara el recurso, que recalca que los exconsellers “no renuncian a sus convicciones políticas”, sino que enmarcan su proyecto en “una lectura amplia, progresista y extensiva” de la Constitución que, “mediante la negociación y el diálogo, permita poner en manos de la ciudadanía” la decisión sobre el futuro de Cataluña.
Tras recordar que ahora no ocupan “posiciones de poder institucional que le permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva”, los exconsellers precisan que “están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación”, en el caso de que en un futuro vuelvan a tener responsabilidades públicas.
El escrito destaca que los investigados Oriol Junqueras, Carles Mundó, Dolors Bassa y Raül Romeva acudieron a declarar ante la Audiencia Nacional “ya como exconsellers”, pese a “ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña.
Los exconsellers, añade la defensa, cesaron en sus responsabilidades públicas y optaron por “asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España”, no como “estrategia defensiva, sino como una decisión personal”.
Los abogados piden a Llarena que los exconsellers vuelvan a declarar “en la medida en que ello sirva para ratificar los términos de su voluntad futura”, aunque sin entrar a discutir el fondo de la imputación por los delitos rebelión, sedición y malversación de que se les acusa.
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa es que los exconsellers tienen derecho a participar en la campaña electoral y a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen escogidos.
Asimismo, exigen que se garantice la “neutralidad” en el tratamiento de todos los candidatos en la campaña y subrayan que los exconsellers, “pese a tener el deber de soportar la crítica, tienen asimismo el derecho a que se respete su reputación y que su imagen sea tratada de tal forma que no se influya en el proceso electoral ni se estigmatice de forma indebida su programa político”.
“Asimismo, los procesos electorales deben discurrir con escrupuloso respeto a la igualdad de armas y al fair play, para que la ciudadanía pueda acceder en igualdad de condiciones a las propuestas de los candidatos, objetivo éste que forma parte de los principios democráticos que inspiran el texto constitucional”, agrega el escrito.
Los abogados descartan también que exista riesgo de fuga de los investigado, teniendo en cuenta que comparecieron ante la Audiencia Nacional cuando se les citó, “pese al altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional (así se apuntaba en todos los medios de comunicación y así sucedió) que por el momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría”.
