La decisión sobre la posible extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas no llegará al menos hasta el 4 de diciembre, momento a partir del cual el proceso judicial podría prolongarse hasta 90 días.
El juez belga a cargo de la euroorden sobre los miembros del Govern cesado que huyeron a Bélgica ha pospuesto hoy hasta esa fecha la puesta en marcha del procedimiento judicial tras escuchar las alegaciones de la defensa y la Fiscalía.
La vista ante la Cámara del Consejo, que ha comenzado a las 14:00 horas (13:00 GMT) y se ha celebrado a puerta cerrada y en neerlandés, ha concluido con la petición del Ministerio Público belga de ejecutar las euroórdenes que pesan sobre Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
La Fiscalía belga no ha apreciado “corrupción”, sino “conspiración” y “malversación” por parte de funcionarios públicos, ha señalado uno de los abogados de la defensa, Christophe Marchand.
Por su parte, el juez ha citado a las partes el próximo 4 de diciembre, la jornada previa al comienzo de la campaña de las próximas elecciones regionales catalanas, para que hagan sus alegatos, que deben elaborarse por escrito.
A partir de ese momento, el juez debe comprobar que al menos uno de los delitos de la euroorden se considera también como tal en Bélgica, por el llamado “principio de doble incriminación”.
Se espera una decisión sobre la extradición por parte de la instancia de instrucción entre ocho y diez días después, de acuerdo a fuentes cercanas a Puigdemont.
La Fiscalía ha explicado a Efe que esta decisión debe ser entregada “en mano” a los interesados y que estos deben firmarla, momento a partir del cual tendrán 24 horas para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, que dispone de quince días para posicionarse.
Si esta instancia confirma la decisión del juez de instrucción, Puigdemont y sus exconsellers aún podrían recurrir ante la Corte de Casación, un tribunal que tiene igualmente quince días para pronunciarse.
En cualquier caso, la Fiscalía ha señalado que estos plazos son mucho más flexibles en el caso de que los acusados no estén en prisión durante el proceso sino en libertad con medidas cautelares, como es el caso de los exmiembros del Gobierno catalán.
Todo este proceso podría demorarse en torno a tres meses, sumando los sesenta días de plazos de apelaciones a la euroorden y los treinta días adicionales que puede alargarse el proceso por motivos excepcionales.
En el caso de que se llegue a esta extensión de treinta días, el juez deberá informar a los acusados y a la autoridad judicial española de las razones.
El expresidente y los cuatro exconsellers huidos a Bélgica están en libertad con medidas cautelares desde el 5 de noviembre, bajo unas condiciones que permanecerán vigentes mientras los cinco exmiembros del Govern sigan en el país y la ejecución de la euroorden no sea definitiva.
Así, los acusados tienen la obligación de permanecer en el país y no pueden salir al extranjero sin permiso del juez, deben comunicar una dirección en la que estén residiendo y deben asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
En preparación para la sesión de hoy, la Fiscalía belga remitió ayer a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela catorce preguntas sobre el sistema penitenciario español, entre las que había cuestiones sobre el tamaño de las celdas, la higiene o la alimentación que se encontrarían los exmiembros del Gobierno catalán en caso de ser extraditados.
Lamela precisó que Puigdemont y los exconsellers varones irían a la cárcel de Estremera, donde se encuentra el resto de los miembros varones del gobierno cesado, y las exconselleras permanecerían en Alcalá Meco, misma cárcel en la que están ya Dolors Bassa y Meritxell Borrás.
La Fiscalía belga podría emplear esta respuesta de la jueza española para rebatir un potencial argumento de la defensa de los acusados que apunte a la vulneración de sus garantías fundamentales en el caso de que sean enviados a España.
En cualquier caso, la carga de prueba de esta violación de los derechos recae siempre sobre los acusados, ya que en el marco de la euroorden se presupone que los Veintiocho miembros de la Unión Europea (UE) son países seguros.
