La asociación Jueces para la Democracia (JdP) cuestiona la interpretación “extensiva” del derecho penal de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al enviar a prisión provisional sin fianza a ocho exmiembros del Govern catalán, pues esta medida, recuerdan, es excepcional y debe estar suficientemente acreditada.
Tras dejar claro que “con pleno respeto a la independencia de los jueces” y de que no suelen pronunciarse sobre asuntos judiciales en trámite, la asociación, en un comunicado fechado el pasado viernes y publicado en su pagina web, muestra su preocupación por los autos de prisión incondicional dictados el jueves por la juez Lamela para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsellers por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
“La prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción”, recuerda Jueces para la Democracia.
En su opinión, estas situaciones deben “estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial” que acuerde una medida “tan gravosa” como es la prisión provisional, ya existen otras medidas menos extremas para vincular al investigado al proceso penal.
Jueces para la Democracia también cuestiona la “diferencia de trato” de una querella, la presentada ante la Audiencia Nacional, con la del Tribunal Supremo, que aplazó hasta el próximo jueves las comparecencias de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los miembros de la mesa citados después de sus mesas solicitaran dicho aplazamiento para preparar su defensa.
Y concluyen: “La mera aplicación de las leyes no va a solucionar el conflicto actual, por lo que instamos a los partidos políticos a que sigan buscando medios para solucionar el problema existente en Cataluña”.
Con este comunicado, Jueces para la Democracia se desmarca del resto de asociaciones en este asunto, pues el resto -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- remitieron otro escrito a los medios de comunicación en el que, de forma conjunta, reiteran su apoyo y reconocimiento a todos los jueces.
“Magistrados y Jueces podemos adoptar las medidas cautelares previstas en la ley que se consideren pertinentes, siempre que concurran los presupuestos y requisitos legalmente exigidos”, señalan las tres asociaciones que recuerdan que esas decisiones no sólo pueden ser susceptibles de crítica, sino también impugnadas por los interesados y revisadas por un órgano superior para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el de defensa.
