La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia por sedición por los disturbios ocurridos en Cataluña durante la operación policial contra el referéndum del 1-O, en la que menciona expresamente a los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
El anuncio ha llegado después de que el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona haya dejado en libertad con cargos a todos los detenidos por participar en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, entre ellos a los altos cargos del departamento de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
Después de que ayer la Guardia Civil dejara en libertad con cargos a ocho personas, hoy el juez lo ha hecho con otras seis, de forma que las catorce personas detenidas anteayer por organizar el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) están en libertad provisional.
Tanto a Salvadó como a Jové, ambos miembros del núcleo duro del departamento de Economía que dirige Oriol Junqueras, les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente.
En un principio, el juez imputa a todos los detenidos los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, aunque en las órdenes de detención la Guardia Civil atribuía a algunos de ellos el de sedición, castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.
Paralelamente, en la denuncia que suscribe el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se detallan todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre y pide a la Guardia Civil que elabore un atestado para buscar a los autores.
Aunque la denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la ANC como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios “conscientes de que dificultarían la intervención policial”, haciendo un cordón frente a la consellería de Economía durante el registro de la Guardia Civil.
En concreto, la denuncia señala que Jordi Sánchez pidió ante las 40.000 personas congregadas que nadie se fuera a casa.
Al presidente de Ómnium Cultural también le cita y lo sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, precisa la denuncia, luego, al ver que no podía controlar la concentración, pidió a los manifestantes que se disolvieran.
“La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales”, sostiene Carballo.
Según la Fiscalía, se han impulsado “movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición”.
La denuncia de la Fiscalía ha recaído en el juez Ismael Moreno, el más veterano de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que ya instruyó una causa por ese delito contra un edil de la CUP y la archivó al no ver sedicioso el llamamiento que hizo en un pleno de Vic (Barcelona) a desobedecer resoluciones del Tribunal Constitucional.
Mientras tanto, un grupo de trabajadores y voluntarios de la ANC ha evacuado este mediodía todo el material destinado a la campaña para el referéndum que guardaban en su sede de Barcelona, tras recibir “rumores” de que la Guardia Civil iba a proceder a un registro.
Otro foco de atención del día ha sido la Sindicatura Electoral, órgano clave encargado de supervisar el referéndum del 1-O, que cede el relevo a “otros entes de observación” -sin mayor precisión- a petición del Govern, que da ya por finalizados sus trabajos, tras las multas impuestas por el Tribunal Constitucional (TC).
Ayer, el TC decidió multar con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales del 1-O, que según la ley del Referéndum debían desempeñar unas funciones análogas a las de una Junta Electoral.
Justamente, hoy el gobierno de Carles Puigdemont ha acordado destituir de su cargo a Jové, detenido como uno de los organizadores del 1-O, para librarlo de la multa prevista por el TC, si bien formalmente no puede hacer lo mismo con los miembros de la Sindicatura Electoral, porque fueron nombrados por el Parlament.
Por su parte, el conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha acusado al Gobierno de pretender “intervenir” los Mossos d’Esquadra, después de recibir una carta del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la cual le comunica que ha decidido desplazar a Cataluña unidades de Policía Nacional y Guardia Civil para apoyar a los Mossos en el mantenimiento del orden público.
