Los colectivos que habían organizado un acto el próximo domingo en Madrid a favor del derecho a decidir en Cataluña mantendrán su convocatoria después de que un juez suspendiese ayer cautelarmente la cesión de un espacio municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Este evento, convocado bajo el nombre “Madrid por la libertad de expresión y la democracia y el derecho a decidir”, no se celebrará en ningún espacio municipal y de momento no se ha anunciado dónde tendrá lugar, detalle que harán público próximamente junto a los ponentes.
En una rueda de prensa celebrada en la librería Traficantes de Sueños, han defendido la legitimidad, la legalidad y la necesidad de un acto que no defiende la independencia sino el derecho a decidir, tanto sobre Cataluña como de los “cambios” en el “sistema de 1978”, producto de una “transición tutelada”.
Los organizadores se han desvinculado de la Asamblea Nacional Catalana y han defendido ser personas que proceden de varios colectivos. El número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, quien solicitó el espacio, ha desligado también el acto de esta candidatura.
Han criticado también el “exceso” y la “aberración jurídica” del auto del juez José Yusty, al que consideran “afín ideológicamente” al PP y a quien “sospechan” que el caso no le ha caído por sorteo.
El auto del juez, han explicado, se limita a la cesión municipal pero no al evento en sí, aunque en su redacción, donde se pronuncia sobre la legalidad del acto, deja la puerta abierta “de una manera escandalosa” a nuevas peticiones de veto.
“Este acto no es una realización del referéndum por lo tanto no tiene nada que ver en absoluto con la suspensión del Tribunal Constitucional sobre el decreto que desarrolla el referéndum”, ha afirmado Pedro Casas.
“Nosotros no vamos a poner urnas, en Madrid no se van a poner urnas”, ha reiterado.
Casas ha considerado que el PP y también la Falange, con pintadas violentas y el anuncio de una concentración, han presionado a la alcaldesa Manuela Carmena y a la concejal presidenta de Arganzuela, Rommy Arce.
“La autodeterminación no es pegar un portazo, tiene que negociarse”, ha asegurado el catedrático emérito de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Sádaba, sobre una consulta que, aseguran, defiende el 80 % de los catalanes y para la que sugieren ejemplos como los de Quebec, en Canadá, y la de Escocia, en Reino Unido.
“Nos prohíben y la respuesta es una mayor demanda de libertad de expresión y más democracia”, ha indicado una de las convocantes, Elena Martínez, que ante posibles nuevas prohibiciones avisa de que “si la respuesta es represión y censura se van a encontrar a mayores capas sociales”.
“Vamos a delinquir sí, con ese nuevo delito de hacer apología de la libertad de expresión, apología de la democracia”, ha dicho Martínez, que ha defendido que “no hay mejor modo de defender los derechos fundamentales que ejercerlos”.
