La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el Ejecutivo actuará de forma inmediata en cuanto se tramiten la ley del referéndum o la de transitoriedad, y ha considerado que esta última es “aberrante”.
Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha explicado que el Gobierno tiene ya “preparadas y previstas” esas actuaciones contra ambas leyes después de que se hayan venido anunciando desde hace tiempo y haya sido ya registradas en el Parlamento de Cataluña.
Ha insistido en que el Gobierno lleva semanas preparado tanto si se pretende tramitar esas iniciativas por decreto o en un pleno.
Pero con independencia de la respuesta del Gobierno, la vicepresidenta ha hecho una apelación “a los mínimos principios democráticos” ante la ley de transitoriedad.
“Ese es un producto propio de otras latitudes. Que en España con una democracia consolidada, alguien pretenda constituir una autocracia en la que el presidente de la Generalitat mande sobre todo el Parlamento, los jueces y todo el mundo, que dinamite la división de poderes y la mínima responsabilidad política, me parece que es un producto sencillamente aberrante”, ha añadido.
Además, ha lamentado que haya diputados nacionales que puedan avalarlo y ha considerado “bochornoso” que un texto así se registre en un parlamento.
Ante la posibilidad de que se pretenda hacer en el mismo día la admisión a trámite de esas iniciativas, el debate y la convocatoria del referéndum para dificultar el recurso ante el Tribunal Constitucional, Sáenz de Santamaría ha recordado que el trámite de lectura única está suspendido por ese tribunal.
De la misma forma, ha subrayado que cualquier otro trámite exige que la oposición haga sus aportaciones y que opine el Consell de Garantías Estatutarias.
Aunque admite que pueden estar dispuesto a saltarse todo ello porque cree que los dirigentes catalanes han perdido ya toda “vergüenza democrática”, ha insistido en que si pretenden hacer todo en un día, la respuesta también será inmediata.
Para la vicepresidenta, el problema o es la actuación del Gobierno, sino quién le pone la firma a esas dos leyes contrarias a la Constitución.
Respecto a la hipótesis de que el Gobierno pida inhabilitar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o a quien firme esas leyes, ha recordado que ya hay cuatro responsables políticos catalanes que fueron inhabilitados en su día.
También que quien ha admitido a trámite algunas iniciativas anticonstitucionales tiene un procedimiento abierto en los tribunales.
Lo que ha vuelto a garantizar la vicepresidenta es que el referéndum no se va a celebrar.
