El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la reforma del reglamento del Parlament con la que el Govern pretende tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre y ha apercibido a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.
Los magistrados, reunidos ayer durante apenas 45 minutos, acordaron por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado por Gobierno contra el artículo 135.2 de esa reforma, lo que conlleva automáticamente la suspensión de la norma mientras se pronuncian sobre el fondo del asunto, para lo que tienen un plazo de cinco meses.
El Constitucional también ha apercibido a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a los otros seis miembros de la Mesa, al letrado mayor y al secretario general de la Cámara, a quienes expresamente prohíbe la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única (como establece la reforma impugnada) y les advierte de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si desobedecen.
El Tribunal, como solicitó el Gobierno, acuerda la notificación personal de la resolución a todos ellos y les recuerda su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”. Es decir, les ordena que “se abstengan de iniciar, calificar, introducir en el orden del día de cualquier órgano del Parlament” o “dictar acuerdo alguno” que implique la tramitación exprés contenida en la reforma impugnada.
No es la primera vez que el tribunal de garantías apercibe a los responsables de las instituciones catalanas. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya investiga a Carme Forcadell y a los miembros de la Mesa de JxS y CSQP por desobediencia al TC.
Participación política
En la providencia dictada ayer, los magistrados han habilitado el mes de agosto para la tramitación del recurso y dan quince días a las partes para que formulen sus alegaciones.
El Gobierno, con el aval del Consejo de Estado, impugnó esa norma con el argumento de que la modificación vulnera el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución. Porque esa ley establece la posibilidad de que el grupo parlamentario promotor de cualquier proposición de ley pueda solicitar su tramitación por el procedimiento de lectura única. Y ello comporta la reducción de los trámites parlamentarios con el fin de obtener una mayor celeridad y la supresión de las comparecencias, ponencia y comisión, así como la limitación del derecho de presentar enmiendas.
Para el Ejecutivo, permitir que un solo grupo parlamentario pueda forzar que una ley se tramite de ese modo supone “una quiebra del derecho de participación política, en la medida en que está eliminando la facultad de la minoría de presentar enmiendas a los textos de las proposiciones de ley promovidas por la propia mayoría”.
Sería, a su juicio, “permitir la institucionalización de un sistema radicalmente contrario a la esencia del sistema parlamentario”, que es facilitar el debate de los asuntos por los representantes de los ciudadanos.Y aquellos acuerdos adoptados por esa vía “nacerán con el estigma de haber despreciado un derecho fundamental consagrado en la Constitución española y, por tanto, contaminados ‘ab origine’ por ese mismo vicio de inconstitucionalidad”.
El Gobierno argumenta en su recurso que la voluntad “declarada” de los proponentes (Junts pel Sí y la Cup) no es otra que “facilitar el referéndum inconstitucional de autodeterminación”.
La suspensión de la norma que permitiría la tramitación por la vía rápida se produjo el mismo día en que Junts pel Sí y la CUP registraron en el Parlament la proposición de ley de referéndum de autodeterminación, pensada para dar cobertura legal a la votación prevista para el 1 de octubre. Esos grupos sostienen que ni el Gobierno ni el Constitucional “podrán parar” la votación. En ese sentido, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que esta dispuesto a aceptar “todas las consecuencias”, incluso ir a prisión, antes que ceder en el referéndum.
