El Gobierno balear ha impuesto una sanción administrativa de 25.000 euros a la compañía Iberia por considerar discriminatorio que solicitara a las aspirantes a trabajar en la compañía un análisis de orina que permitía conocer si estaban embarazadas.
La Inspección de Trabajo del ejecutivo autonómico ha impuesto esta multa tras desestimar las alegaciones de la empresa al considerar que la obligación de informar sobre un embarazo no es adecuada durante el proceso selectivo, sino después de la contratación.
La aerolínea puede plantear recurso de alzada contra dicha sanción y también podría impugnarla por vía judicial, aunque hoy mismo, en un comunicado oficial, ha respondido a la polémica creada asegurando que “nunca” ha dejado de contratar a una mujer por estar encinta.
La gerente de Prevención Laboral de Iberia, María Teresa García, ha declarado que, en atención a la “sensibilidad” que genera el actual protocolo de protección de mujeres embarazadas, la empresa dejará de incluir la prueba del embarazo en el reconocimiento médico de ingreso.
García ha señalado que Iberia cuenta con protocolos “muy rigurosos” para proteger a las mujeres en estado, las de plantilla y las aspirantes, para no asignarles tareas que puedan “poner en riesgo su salud y la del feto”.
La compañía recuerda que el 46 % de su plantilla son mujeres y el 71 % en el caso de las tripulantes de cabina de pasajeros (TCP), las azafatas.
La sanción ha provocado numerosas reacciones, como la de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, quien ha mostrado su “máximo rechazo absoluto” por la actitud de Iberia hacia las mujeres.
“La maternidad no puede ser ningún tipo de discriminación y obstáculo para acceder a un puesto de trabajo; cualquier empresa española no tendría que pedir información personal a ninguna de las personas que quieren optar a uno”, ha recalcado Montserrat en una rueda de prensa.
Ante situaciones como ésta, la ministra ha abogado por la puesta en marcha del “currículum ciego”, que oculta la identidad del demandante de empleo y con el que se pretende evitar cualquier tipo de discriminación por sexo, “raza, orientación sexual, ideología o por pensamiento”.
Por su parte, la consejera de Presidencia del ejecutivo balear, Pilar Costa, se ha congratulado de que la compañía Iberia haya rectificado y que, a partir de ahora, no pida el test del embarazo.
Costa ha explicado que el Instituto Balear de la Mujer recibió información del hecho y lo comunicó a la dirección general de Trabajo del ejecutivo autonómico, que finalmente ha impuesto la referida sanción administrativa.
También s han pronunciado sobre este asunto los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, que han considerado “insuficiente” la actuación de la Inspección de Trabajo balear, que creen debería haber sido “más contundente” porque se producen discriminaciones de género “insoportables” en España y, en este caso, se ve “con la suficiente nitidez”.
Álvarez ha llamado la atención sobre el hecho de que “una empresa multinacional como Iberia, con tantos asesores y técnicos, saque una convocatoria en la que claramente se discrimina a la mujer o requiere información que puede permitirlo”.
