El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco Jonan Fernández, ha defendido hoy que es “impostergable” un cambio en la política penitenciaria que incluya el acercamiento de los presos de ETA, tras la decisión de éstos a aceptar vías legales individuales.
Fernández ha comparecido hoy en rueda de prensa en la sede de la Presidencia Vasca en Vitoria para analizar el debate del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), que ha terminado con una votación en la que el 73 % de los reclusos de ETA se han pronunciado a favor de acogerse a las vías que marca la ley para conseguir la excarcelación.
El responsable de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Ejecutivo autonómico ha destacado que es “un paso positivo y significativo en la buena dirección” porque supone un avance para crear un “contexto favorable” a un cambio de la política penitenciaria por parte del Gobierno central.
En este sentido, ha subrayado que esta decisión conlleva un “cambio sustancial de las circunstancias” que han seguido al cese de la violencia de ETA que hace “impostergable” que el Ejecutivo de Mariano Rajoy “comparta” con el vasco “una reflexión sobre el cambio en la política penitenciaria”.
A su juicio, este cambio debería contemplar el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a sus entorno familiar y que se atiendan “prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria”.
A preguntas de los periodistas, ha señalado que este tema debería estar entre las cuestiones que tratar si se celebra la reunión que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno central.
“En ese encuentro se debería constatar que las circunstancias han cambiado y que la política penitenciaria de hoy y la de hace diez años no pueden ser la misma porque el contexto y las circunstancias son totalmente diferentes”, ha explicado.
Fernández ha opinado que la política penitenciaria debe desvincularse de la situación política actual que ha posibilitado acuerdos entre los dos gobiernos en materias como el Cupo vasco.
Ha defendido que esta cuestión se debe gestionar de forma acordada, respetando la “sensibilidad” de todas las partes y los principios legales.
“Tenemos la esperanza de que haya un cambio y trabajamos para ello pero desde el punto de vista de la confluencia de convicciones”, ha indicado.
Fernández también ha señalado que ahora es preciso “pasar de las palabras a los hechos” por parte de los presos de ETA para que éstos “afronten la realidad de las vías legales”.
En este sentido, ha indicado que “el camino no termina” con la decisión de este colectivo, sino que “empieza a partir de ella”, ya que las vías legales e individuales para la progresión de grados y la resocialización requieren de un “reconocimiento crítico del daño causado”.
Ante el hecho de que el 27 % de los presos hayan rechazado las vías individuales o no se hayan pronunciado, Fernández no ha querido analizar si en un futuro podría conllevar una escisión de este colectivo y ha hecho hincapié en que “el apoyo a las vías legales es mayoritario, y eso es lo que tiene peso y valor”.
Asimismo, ha recordado la carta que el lehendakari envió recientemente a cada uno de los presos de ETA en respuesta a la misiva que le remitieron previamente y en la que le reclaman su implicación para que se produzca un acercamiento a las cárceles vascas.
En su escrito, el lehendakari señalaba su apuesta “clara” por el acercamiento y por una solución “humanitaria” y legal para los reclusos enfermos
y subrayaba la necesidad de una “aportación” de los presos de ETA y de su entorno político.
Por ello, el lehendakari les pedía autocrítica por las violaciones de los derechos humanos en los que estuvieron implicados y mostraba su deseo de que el debate interno de los reclusos de la banda se tradujese pronto en avances cualitativos.
