El Consejo de Ministros aprobó ayer un crédito extraordinario de 10.192 millones de euros que el Estado transferirá a la Seguridad Social para poder hacer frente a las dos pagas extra de las pensiones de este año, para cuyo abono también se dispondrá de dinero del fondo de reserva.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó que para pagar la extra de verano se tomarán 5.986 millones del préstamo del Estado y otros 3.514 millones del fondo de reserva (la denominada “hucha de las pensiones”), lo que suma 9.500 millones.
Ambos instrumentos de financiación, junto a los recursos propios que el sistema obtiene de las cotizaciones sociales, permitirán afrontar el abono el mes que viene de los 17.218 millones que suman las dos pagas de julio (ordinaria y extraordinaria) y la liquidación del IRPF asociado a ellas.
Reservas
Con la ultima disposición comunicada ayer, el fondo se reduce a 11.602 millones, equivalentes al 1,04% del PIB, con un valor de mercado estimado de 11.677 millones de euros.
Báñez recordó que el crédito del Estado -que estaba previsto en los presupuestos de 2017 que ayer entró en vigor- no devenga intereses y tiene una cancelación prevista de diez años a partir de 2018.
La utilización de parte del préstamo tiene como fin mantener las reservas del fondo sin tener que desinvertir activos, con la penalización que ello conllevaría.
Al respecto, la ministra apuntó que los recursos que se toman del fondo corresponden al vencimiento natural de activos y cupones durante el primer semestre del año. “Se ha optado por combinar dos instrumentos financiadores para garantizar el pago puntual y completo de las pagas”, dijo Báñez, que añadió que el Gobierno tiene que buscar los mecanismos para sufragar las necesidades del sistema, mientras el empleo por sí solo no sea suficiente para cubrirlas.
UGT consideró ayer que el Gobierno está hundiendo cada vez más el sistema de pensiones y dijo que es necesario salir del inmovilismo en que se ha instalado y afrontar medidas para reducir el déficit de la Seguridad Social incrementando recursos.