El Tribunal Constitucional afronta con muchas dudas la posibilidad de suspender provisionalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para obligarle a cumplir sus sentencias, y no prevé llegar a tomar esa decisión de oficio ni, probablemente, aunque el Gobierno se lo pida.
Las dudas existentes entre magistrados de distinta orientación ideológica -así se lo han manifestado a Efe tres fuentes distintas del TC- no suponen que, hoy por hoy, sea imposible la suspensión al president si incumple las resoluciones. Pero sí implican que, por diferentes motivos, resulte altamente improbable.
El alto tribunal suspendió cautelarmente el pasado mes de abril las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a la celebración del referéndum. Aquella resolución apercibía al Govern, de manera muy detallada en sus órdenes y prohibiciones, de que debía acatar el fallo.
Es una de las resoluciones del TC que se incumplirían si se convocara el referéndum independentista catalán. Si el Govern lo hiciera, y ante un incidente de ejecución, el alto tribunal reaccionaría, en primer lugar, anulando el acto administrativo de la convocatoria. La fiscalía actuaría después por desobediencia.
Más allá de este punto, la decisión de suspender a Puigdemont debería recaer en el Gobierno y el Senado (así lo permite la Constitución en su artículo 155), opinan las fuentes del TC consultadas.
Poner al tribunal en el brete de ser quien adoptara tal medida suscita muchas inquietud entre los magistrados: por ejemplo, no están seguros de cómo responderían las instancias europeas. Y, sobre todo, se resisten a entrar en el ámbito penal y político.
Además, por un lado, la norma que deberían aplicar, la Ley Orgánica del TC en su versión reformada por el PP en 2015, fue recurrida ante el propio TC y, aunque fue avalada por la mayoría, no suscitó la unanimidad de los magistrados.
Y los fallos frente al independentismo han venido siendo resueltos con el aval de todos los miembros del TC, porque en el seno del Constitucional existe un acuerdo, tácito pero real, de mantener en todo lo posible tal unanimidad en lo referente al problema catalán.
Tras la reciente renovación del alto tribunal, es casi seguro que una posible suspensión a Puigdemont contaría con, al menos, cuatro votos contrarios sobre doce.
Junto a ello, la citada reforma que permite adoptar la suspensión al TC sigue vigente… pero debilitada: el Congreso aprobó en diciembre una proposición de Ley para derogarla.
La tramitación de esa iniciativa lleva seis meses paralizada en la Comisión Constitucional -un plazo, por cierto, extraordinariamente largo. Pero eso no impide que el texto haya sido desautorizado por el Legislativo.
De este modo, las fuentes del TC consultadas por Efe coinciden en señalar que los magistrados preferirían, llegado el caso, dejar al Gobierno y las fuerzas políticas que lo quieran sostener en el Senado, la posibilidad de llegar a una posible suspensión de Puigdemont o de miembros de su ejecutivo.
