Unas 60.000 personas podrían beneficiarse de la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), de 564 euros mensuales, que el Govern y la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) han acordado hoy, y que se prevé implementar en septiembre.
El acuerdo, rubricado esta mañana por la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, y los representantes de la comisión promotora, se llevará al Parlament en las próximas semanas, donde podría ser aprobado antes de dos meses si los grupos políticos lo facilitan.
La renta, que supondrá un gasto de entre 500 y 600 millones de euros anuales, se aplicará en un periodo transitorio de 3 años, hasta llegar a los 664 euros en 2020, el 100 % del Índice de Suficiencia de Cataluña (IRSC).
Bassa ha celebrado “el nuevo derecho” que supone la RGC, “un derecho que viene de la lucha de mucha gente en la calle” y que se ha conseguido gracias a “un acuerdo de país” con “responsabilidad y coherencia”.
El representante de la comisión promotora de la ILP Diosdado Toledano ha asegurado que es “el derecho social más importante de los últimos tiempos en Cataluña” y ha recordado que el movimiento del 15M fue “donde empezó todo”, precisamente hoy que se cumplen seis años de las primeras manifestaciones en Plaza Cataluña.
A partir de septiembre, las personas que perciben la renta Mínima de Inserción (PIRMI), unas 29.000, pasarán a cobrar la RGC, además de quienes lo soliciten y cumplan los requisitos: ser mayor de 23 años, haber residido en Cataluña durante al menos dos años, no tener más patrimonio que la primera residencia y haber agotado toda prestación posible.
El acuerdo establece que las personas que perciban pensiones inferiores a la RGC de dependencia, becas de comedor y transporte escolar, o ayudas para estudiar, entre otras, recibirán el complemento hasta alcanzar los 564 euros, igual que las familias monoparentales que tengan un sueldo inferior a la RGC, que se estima que son cerca de 7.000.
Las personas que perciban una renta por trabajo parcial inferior a la RGC por ahora no accederán a un complemento que iguale la prestación, una de las demandas de las entidades que habían encallado la negociación, aunque el acuerdo contempla que la compatibilidad entre renta de trabajo y renta garantizada “se generalice” en el futuro.
El acuerdo contempla la creación de una comisión integrada por el departamento, la patronal, las entidades sociales y los sindicatos, entre otros, que evaluarán la aplicación y el desarrollo de la RGC y serán quienes decidan cuándo generalizarla para todos aquellos trabajadores con rentas inferiores a la RGC..
El segundo miembro de la familia que cobre la renta obtendrá el 50 % (836 euros en septiembre y 996 en 2020), y cada hijo, hasta los tres descendientes, supondrá un aumento de 100 euros en 2020, lo que significa que las unidades familiares de cinco personas o más llegarán a percibir 1.208 euros mensuales (14.500 anuales) en 2020.
Las personas que encuentren trabajo mientras sean beneficiarios de la RGC, pero con un sueldo inferior a ésta, cobrarán durante seis meses la diferencia hasta completar los 564 euros, mientras que si rechazan el trabajo dejarán de percibirla automáticamente.
De estos 564 euros (664 en 2020), 150 están sujetos participar en un plan de inserción social o de ocupación, que se perderán si el beneficiario deja de seguirlo.
La RGC supone una mejora respecto a la PIRMI, que ahora se sitúa en los 426 euros mensuales para unas 29.000 personas, y que supone un gasto público de 177 millones de euros.
La firma del acuerdo ha contado con la presencia de representantes de los sindicatos (UGT y CCOO), patronales (Fomento y PIMEC), y entidades municipalistas (Federación de Municipios de Cataluña y Asociación Catalana de Municipios), que ejemplificaban el amplio apoyo social a la iniciativa.
